El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, se ha excusado de participar en el juicio por la expropiación de YPF que se está llevando a cabo en Nueva York, debido a que emitió una opinión técnica sobre el caso hace varios años.

La excusación de Barra en el caso de Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U. contra Argentina y la petrolera estatal fue aceptada por el presidente, Javier Milei, mediante el Decreto 283/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El comunicado oficial explicó que Barra tomó esta decisión porque "una eventual participación suya en este proceso podría percibirse como un impacto en su independencia de criterio o su imagen pública, debido a que emitió una opinión técnica como experto en Derecho Administrativo argentino el 11 de octubre de 2021, a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U., que se llevan a cabo en el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid, Reino de España".

De esta manera, el Ejecutivo consideró apropiado "garantizar la máxima transparencia e imparcialidad en cada uno de los actos de Gobierno, accediendo a la solicitud realizada por el Procurador del Tesoro de la Nación por las razones expuestas como fundamento de su excusación".

A partir de ahora, la defensa argentina estará a cargo del Subprocurador del Tesoro, quien está designado para "reemplazar al Procurador del Tesoro en caso de ausencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia", según lo establecido por la ley 18.777 que regula este organismo. Actualmente, los subprocuradores son Andrés De la Cruz y Marcos Serrano.

En septiembre de 2023, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, condenó a Argentina a pagar US$16.000 millones al fondo Burford Capital, titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park. El Estado nacional se niega a abonar dicha suma, mientras que los intereses ascienden a unos 414 millones de dólares.

Los abogados demandantes incluyeron en una lista de presuntos activos embargables las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China. Además, solicitaron conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior.

La Procuración del Tesoro de la Nación, encargada de la defensa del país, argumentó en febrero que Estados Unidos no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre leyes argentinas en relación con hechos ocurridos en territorio argentino con empresas nacionales.

Argentina apeló la decisión desfavorable y ahora busca el respaldo de países latinoamericanos. En ese sentido, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se presentaron como "amicus curiae" para respaldar el argumento soberano de que las decisiones de los Estados no están sujetas a revisión judicial en tribunales extranjeros.