Desde el sector rural, creen que los intendentes buscan contrarrestar el efecto del ajuste impulsado a nivel nacional y la caída de la recaudación con más presión tributaria al campo, en lugar de un recorte de los gastos de la política.

En una reciente asamblea de Carbap, las entidades se mostraron “muy preocupadas ya que en algunos municipios se han realizado importantes aumentos o creado nuevas tasas municipales de manera tal que no son para la función específica”, en referencia a las contraprestaciones de servicios que deberían brindar los municipios.

“En vez de ajustar gastos, observamos que continúan los incrementos en los impuestos que como en otras ocasiones los terminan pagando el sector agropecuario, en un contexto, además, castigado por el clima desde hace mucho tiempo”, agregaron.

Los demandantes son 190 productores, socios de la entidad ruralista, que tienen casi 190.000 hectáreas de las 640.000 del partido y que representan casi el 30% de la superficie total. Además, existen otras demandas individuales y colectivas por fuera de la entidad, indicaron. Con dos bufetes de abogados reconocidos de CABA y de esa ciudad, junto a la demanda presentada el jueves pasado en el Juzgado Contencioso-administrativo, se sumó una cautelar para frenar el cobro de dicha tasa hasta tanto finalice el proceso judicial.

Con el nuevo impuesto, en un estimado el municipio piensa recaudar por año más de $2200 millones, dicho valor se irá incrementando en tanto y en cuanto el precio del gasoil suba. Vale recordar que durante el tratamiento del proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante solo se logró agregar una escala en relación a si es un campo de cría, mixto o agrícola (dividido por los diferentes cuarteles del distrito) y del valor de un litro generalizado se cobra un 0,5, 0,75 o un litro, respectivamente.