El reparto de fondos a las provincias este año sería el más bajo en los últimos ocho años y profundizará el conflicto abierto entre la Nación y los gobernadores por el ritmo de transferencias y subsidios a las arcas provinciales. La suba prevista en los ingresos al fisco por retenciones y por impuesto PAIS, que no son coparticipables, harán que a lo largo del año las provincias se queden con menos del 30% de la recaudación tributaria total.

Los fondos que reciben las provincias pueden dividirse en las que son automáticas (que surge por el cálculo que establece la fórmula de coparticipación federal) y las discrecionales. Sobre estas últimas, enero y febrero ya muestran con números concretos cómo la Nación se sentó sobre la caja y redujo en algunos casos al 100% el envío de este tipo de transferencias.

El plan de ajuste fiscal que puso en marcha el ministro de Economía Luis Caputo se apoya, en parte, en un recorte de las transferencias que hace la Casa Rosada a las provincias por distintos motivos, ya sea fondos para financiar educación, salud o vivienda y otros como subsidios al boleto de transporte público, que fue el último motivo de cruces entre el gobierno nacional y los provinciales.

En una primera instancia el equipo económico había estimado que la poda de envíos de fondos a los gobernadores tendría una magnitud de 0,5% del PBI (a valores actuales, unos $950.000 millones), pero el retiro del capítulo tributario de la ley ómnibus que decidió el Gobierno nacional -días antes de que terminara por caer el resto del proyecto- forzó al Palacio de Hacienda a rehacer los números. Los ingresos con los que contaba Economía en caso de que prosperara la iniciativa en el Congreso (por la reversión de Ganancias, suba de retenciones y cambios en la fórmula de aumento de jubilaciones) deberá conseguirlos por un ajuste más profundo en el gasto.