Un grupo de diputados del PRO impulsaron un pedido de informes al Gobierno y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, luego de que el domingo se diera a conocer que un jardín de infantes ubicado en La matanza recibió $1.000 millones de fondos discrecionales desde el ministerio.

La solicitud fue presentada en la Cámara de Diputados y lleva la firma del presidente del bloque del PRO Cristian Ritondo y su colega Alejandro Finocchiaro.

Ambos legisladores, en el proyecto de pedido de informes, le solicitan al Poder Ejecutivo el detalle de los actos administrativos que fundamentan las transferencias hacia la Asociación Civil “El Sueño del Principito”, responsable de un jardín maternal en la localidad de Isidro Casanova, en La Matanza, que alcanzaron $ 1.094 millones en el año 2022.

Además, piden que se informe si las autoridades de las asociaciones beneficiadas ocupan o han ocupado cargos públicos. Del mismo modo, le reclaman precisiones por los $230 millones enviados a la Cooperativa de Trabajo Gustavo Rearte LTDA, ubicada en San Justo, ciudad cabecera de La Matanza.

Los datos de los fondos discrecionales fueron revelados el domingo pasado luego de una investigación que dejó al descubierto el reparto de fondos millonarios. Quien administra la asociación civil "El Sueño del Principito" es Mariana Larrea Gadea, una dirigente gremial de UPCN dentro del Ministerio de Desarrollo Social.

Durante la investigación, desde el Ministerio de Desarrollo Social primero aseguraron que solo le entregaron $110 millones al jardín y que el resto de los fondos podría provenir “de otros organismos”. Luego reconocieron la cifra de más de $1.000 millones, pero señalaron que muchas se llevaron a cabo antes de que Tolosa Paz asumiera como ministra.

En ese sentido, se enviaron un reporte de nueve giros hacia El Sueño del Principito, de los cuales cuatro son entre el 18 de noviembre y el 28 de diciembre pasado. Dos fueron por $60.000.000 y $50.025.709 y otros dos por $261.558.868. En total, solo esos cuatro alcanzan los $633.143.443. Hay otra del 28 de julio, en tiempos en los que el ministro era Juan Zabaleta, de $99.812.855. Sumándose al resto, en el segundo semestre, incluso en el cálculo oficial, se alcanzan los $743 millones.

A pesar de ello, en el registro oficial que consiguió este diario para la investigación las transferencias alcanzan los $1.094 millones. Desde Desarrollo Social sostienen que las otras cuatro fueron en la gestión Zabaleta: tres en 2022 y la restante en 2021.

Con respecto a ello, Ritondo sostuvo: "El kirchnerismo toma los recursos del Estado como un botín, lo que se presta al despilfarro y la corrupción. Darles subsidios millonarios a particulares para gestionar un jardín de infantes es un hecho grave que se debe investigar y, llegado el caso, sancionar para frenar el mal uso de los recursos públicos”.

Por su lado, Finocchiaro añadió. “Este es un ejemplo más, y bien grueso, de la privatización de las funciones de las distintas áreas oficiales que está haciendo este Gobierno kirchnerista. En este caso, una tercerización de la función de desarrollo social en organizaciones. Es otra de las formas del ataque a las instituciones, de la creación de poder fuera del sistema democrático, del financiamiento vidrioso de adeptos”.

Además de Ritondo y Finocchiaro, acompañan el proyecto los diputados Hernán Lombardi, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Danya Tavela, Victoria Morales Gorleri, Marcela Campagnoli, Soher El Sukaria, Germana Figueroa Casas, Sabrina Ajmechet, Mónica Frade, Manuel Aguirre, Adriana Ruarte, Karina Bachey y Pedro Galimberti.