Quienes ingresaron en el sistema afirman que funciona con rapidez. Con el cepo y la escasez de dólares, y frente a la vista de los funcionarios del Ministerio de Economía, la AFIP y la Aduana, se agravó uno de los peores hábitos del comercio exterior: una cadena de gestores que, a cambio de pagos que van del 6 al 20% al valor del blue de la mercadería y en efectivo, ofrecen a empresas la opción de adquirir las autorizaciones del Gobierno para importar a la cotización oficial.  

La actividad empezó hace tiempo, pero se incrementó en los últimos cinco o seis meses al ritmo de la restricción externa y por doble vía: a mayor necesidad de adquirir dólares, suben las ofertas y los montos requeridos. 

El tema, que obligó al Palacio de Hacienda a hacer una denuncia hace tres semanas, surge en casi todas las conversaciones de empresarios e incluso molesta a algunos funcionarios del Gobierno. Además, se tocó la problemática de manera informal en la Unión Industrial Argentina y en algunas entidades del conurbano. En la Unión Industrial de Berazategui, por ejemplo, donde son mayoría las pymes, el sector que suelen elegir los intermediarios.

“Vas a la farmacia a comprar aspirinas y te ofrecen sacar SIRA [Sistema de Importaciones de la República Argentina]”, comentó un despachante. Se paga, en dólares y en efectivo, un porcentaje del valor FOB (free on board, ya sobre el barco) de la mercadería a cambio de las autorizaciones del Gobierno, que salen en 24, 48 o 72 horas. “Si no les pagás, no podés trabajar; y, si pagás, sos un forro corrupto: muuuy difícil, te diría. Yo por ahora aguanto, pero, si son esas las condiciones, tendré que entrar o cerrar el negocio. No sé”, añadió un importador de la provincia de Buenos Aires.

Casi nadie admite haber pagado, siempre es “un cliente”, “un amigo”, “un proveedor”. 

¿Cómo es la propuesta y quién la hace?, preguntó LA NACION a un fabricante que señaló que le pedían un 15%. “No es de manera tan directa: primero te mandan uno que te sondea, te beatifica, y después aparece otro”, contestó, y agregó que el operador era un despachante que trabaja con grandes empresas en Córdoba.

Algunos dudan de atravesar ese umbral porque temen que no haya retorno. Asimismo, hay que prestarles atención a las publicidades que aparecen en las redes sociales para facilitar el permiso, que el sector conoce como “siras” o, en el caso de los servicios, “sirase”.

En el caso del grupo de Facebook Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina, que tiene 6500 seguidores, apareció hace unos días este posteo: “Si sos importador, o despachante, y necesitás aprobar tu SIRA, HABLAME. 13% valor FOB, 48/72hs. También se aprueban SIRASE al 15% del valor”. En el texto se consignan dos teléfonos: en ambos, una grabación propone consignar el número y esperar el llamado.

El Gobierno está al tanto y lo prueba la denuncia que, hace tres semanas, Sergio Massa efectuó luego de que un empresario le contó la existencia de estas prácticas, a lo que se deberían agregar otras 2 o 3 nuevas denuncias que el ministro de Economía prepara para los próximos días. 

La primera causa, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, derivó en la detención de dos intermediarios que fueron excarcelados horas después. De acuerdo a fuentes judiciales, los investigadores llegaron a ambos simulando interés, con un señuelo de 2000 dólares.  

La Justicia tuvo hasta ahora pocos avances. Aún no se logró dar con la otra parte del circuito: los funcionarios que, a cambio de lo que reciben, autorizan. Lo que sí se puede comprobar es la proliferación de facilitadores que consiguen la aprobación simultánea de la Secretaría de Comercio, la Aduana y la AFIP.

Desde el Palacio de Hacienda niegan tener algo que ver con las irregularidades. “Los despachantes les están haciendo el cuento del tío a las empresas”, sostienen, y aseguraron que entre octubre y febrero pasados se autorizó un 11% más de siras que en el mismo lapso de un año atrás y que estos trámites salen en los plazos establecidos: 60 días para las pequeñas empresas, 90 para las medianas y 180 para las grandes. “Si hay empresarios que tienen alguna sospecha o recibieron propuestas de coimas, vengan a contarnos y vamos a hacer la denuncia juntos: pero ellos tienen que poner la cara”, señalan.

En ese sentido, desde el 17 de octubre, a través de la resolución 5271, el Gobierno modificó la modalidad llamada Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), por otro que pretende ser más ordenado, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). 

La nueva normativa, que les permite a las empresas continuar la trazabilidad del trámite on line, establece plazos de entre 60 y 180 días para importar dependiendo del tamaño de la empresa y crea a su vez un comité de seguimiento y evaluación de las operaciones: lo integran la Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central. 

Además, existe un control sobre lo que se aprueba y lo que se rechaza.  Si, como dice el Gobierno, son los despachantes los que aprovechan para cobrar trámites que saldrían de todos modos, ¿por qué hay empresas que siguen sin importar? 

Jorge Castillo, dueño de Norenplast, una fabricante de incubadoras, máscaras y planchas elaboradas sobre la base de poliuretano instalada en La Matanza, dice que estuvo 103 días sin que le aprobaran la compra de un solo gramo de monómero, decisivo para producir, y que el mes pasado tuvo que echar a 12 de los 134 empleados que tenía. Dice que nadie le ofreció, pero que tampoco les pagaría a intermediarios para poder trabajar. “En los últimos diez días me aprobaron algo, pero, si sigo así, en julio voy a tener que cerrar”, expresó.

Aunque centralizada, la aprobación de importaciones depende de un universo burocrático y cada dependencia tiene sus tiempos y su impronta. En la AFIP y en la Aduana, donde Massa pudo ubicar al frente a dos incondicionales, Carlos Castagneto y Guillermo Michel, respectivamente, la cuestión es menos vertical y, por lo tanto, más engorrosa. 

La detección de un canal paralelo de aprobaciones sería cuestionable no sólo desde la óptica de la transparencia institucional, sino porque además aumenta la escasez de dólares. Hace meses que al Gobierno le preocupa la proliferación de medidas cautelares a través de las cuales las empresas obtienen divisas para importar. Alberto Fernández lo admitió la semana pasada en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. 

Por último, voceros de la Aduana negaron la existencia de aquella reunión. A pesar de ello, ya casi no salen cautelares. 

El stock vigente, dijo esta semana oficialmente la dependencia que conduce Michel, no supera los 23,5 millones de dólares, apenas 1% del monto original vigente a octubre del año pasado. El freno a las cautelares obedece a que el cambio de sistema de SIMIS a SIRAS, dicen en los juzgados, volvió “abstractos” los antiguos reclamos y los interesados deberían volver a iniciarlos. En simultáneo, y a través de la resolución 5271, la AFIP y la Secretaría de Comercio limitaron más las autorizaciones para aquellos empresarios que hubieran presentado demandas en la Justicia. “Uso abusivo de cautelares”, es la respuesta que les da el sistema cuando rechaza las autorizaciones y, al mismo tiempo, inhibe el CUIT para futuras operaciones.