En el último día del período de sesiones extraordinarias en el Poder Legislativo, durante el cual el oficialismo se centró en su ataque contra los jueces de la Corte Suprema, funcionarios y legisladores del oficialismo insistieron en que existe la intención de que se convierta en ley el proyecto sobre el “plan de pago de deuda previsional”. 

La iniciativa impulsada por el kirchnerismo busca habilitar, mediante un esquema que implica subsidios estatales y no soluciona los problemas de fondo, la compra de períodos de aportes no realizados durante la edad activa. De acuerdo a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en caso de ser aprobado, unas 720.000 personas accederán a cobrar haberes en los próximos dos años a través del plan.

La iniciativa fue votada por el Senado el 30 de junio pasado y permaneció en la cámara baja durante seis meses, hasta que se intentó llevarlo al recinto el 21 de diciembre. Pero ese día no hubo sesión por falta de quórum.

En caso de aprobarse el proyecto, regirá un esquema por el cual, durante dos años, quienes tengan o cumplan la edad de retiro del régimen general de la Anses (60 años las mujeres y 65 los varones), y no reúnan los 30 años de aportes que exige la ley para acceder a la jubilación, puedan comprar períodos de contribuciones, a crédito y con subsidio estatal, lo que habilitaría el cobro de haberes, de los que se descontarían, en hasta 120 meses, las cuotas para cancelar la deuda que se le computará al beneficiario.

El plan le daría continuidad al régimen y al esquema de las moratorias que rigen desde mediados de la primera década de este siglo, que implican respuestas parciales y temporarias a un problema estructural de la Argentina. De acuerdo a la base de datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares, se estima que la mitad de los trabajadores, entre asalariados y autónomos, están en la informalidad.

Hasta finales de 2022 rigió la moratoria de la ley 26.970, que les permitía a las mujeres entre 60 a 64 años declarar deudas por aportes de períodos previos a 2004. A pesar de ello permanece otra moratoria, la de la ley 24.476, que es para mujeres y varones, pero de alcance limitado, ya que permite declarar deudas por aportes no hechos en períodos previos a octubre de 1993. Actualmente, las mujeres que cumplen 60 años podrían entrar a ese plan por 12 años y 8 meses de contribuciones faltantes, y los varones, por 17 años y 8 meses.

Además, rige también la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo y exige, a varones y mujeres, tener 65 años de edad. El diseño de ese beneficio no contempla un esquema de proporcionalidad, que defina el pago de beneficios según la cantidad de aportes que se haya hecho en período laboral. Por lo tanto, percibe lo mismo quien no tiene ningún aporte que quien contribuyó, por ejemplo, durante 20 años. Para acceder se debe pasar una verificación socioeconómica que hace el Estado.

Por último, los datos del sistema previsional general gestionado por la Anses revelan que, de las 368.033 jubilaciones que se dieron de alta en 2022, el 65% (239.418) tuvo moratoria. Y dos tercios de las jubilaciones que están en curso de pago también requirieron de un plan subsidiado de pago de deudas. Se trata de una política que, a la vez que permitió incluir a la mayoría de quienes actualmente cobran una jubilación en el régimen nacional, no contempló un análisis previo de proyecciones y necesidades de financiamiento.