Debido al avance de la inflación se incrementa el valor de los alquileres. Por lo tanto, quienes firmaron sus contratos en febrero, deben calcular cuánto tienen que pagar a partir del mes de febrero. 

De acuerdo a lo que se establece en la ley de alquileres que rige desde el 2020, el incremento de las locaciones se produce una vez al año: al cumplirse los 12 meses de la firma del contrato y luego a los 24 meses. Actualmente los inquilinos deben pagar un aumento mediante un cálculo que se lleva a cabo teniendo en cuenta la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) y la inflación (IPC).

Según indicó Marta Liotto, titular del Colegio de Profesionales Inmobiliarios, el dato ajustado al 16 de febrero de este año, da 87%.

Esto quiere decir que si una persona firmó su contrato el 16 de febrero del 2022 por $45.000 por ejemplo, deberá pagar a partir del 16 de este mes $84.250. Por lo tanto, habrá percibido un aumento del 87,2%. Para quienes debieron hacerlo en enero, la suba fue del 81%.

A pesar del impacto en quienes no son propietarios del lugar donde viven, estas subas continúan por debajo de la inflación general teniendo en cuenta que el alza interanual del IPC (enero del 2022 vs enero de este año) llega al 99%.

Con respecto a lo que sucedió en 2022, según los relevamientos de la plataforma de avisos inmobiliarios Zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires el incremento de los alquileres llegó al 98,2%, por encima de la inflación de 94,8% y también del nivel de ajuste de los contratos. Por su parte, en el Gran Buenos Aires, los precios se ajustaron por debajo: 71,2% en la zona Norte del GBA y 83% en el GBA Oeste y Sur.

El método de ajuste de los alquileres, tanto como la duración de los contratos que a partir de la nueva Ley pasaron de dos a tres años, se mantiene como motivo de polémica entre inmobiliarias, propietarios e inquilinos.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, afirmó: “Para evitar el impacto en los precios y una mayor oferta de inmuebles en el mercado, debería haber una nueva ley que ofrezca la posibilidad de volver a los dos años de contrato con un ajuste cada seis meses como máximo ajustado por un coeficiente valor salario (CVS)".

Además, señaló que el nuevo índice de actualización no debería contener el IPC al lado porque "es una incógnita para todas las partes y obliga a negociar constantemente".

Por último, dirigente opinó que “para que pueda haber un descenso de precios en el mercado se necesitan incentivos para que aumente la oferta de inmuebles y también un regreso del acceso al crédito, como política de Estado”.