jueves 09 de febrero de 2023 - Edición Nº1527

El País | 12 ene 2023

Además de la crisis económica

Argentina y su tensa relación con los derechos humanos

Entre las principales problemáticas se encuentran el abuso policial, condiciones carcelarias deficientes y violencia endémica contra las mujeres


Actualmente, de acuerdo al informe efectuado por Human Rights Watch, una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, en Argentina existen problemáticas en relación a derechos humanos que incluyen el abuso policial, condiciones carcelarias deficientes y violencia endémica contra las mujeres.

Por otro lado, la crisis económica “afecta especialmente a las personas que viven en situación de pobreza”. En el caso de la crisis política, que se ve potenciada por las dificultades económicas y la polarización, se produjo “un contexto desafiante para que existan mejoras en derechos humanos”.

Con respecto a la independencia judicial y del Ministerio Público Fiscal, autoridades de alto nivel emplearon una “retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción”. 

En relación a ello, en diciembre de 2022, un tribunal condenó a la actual Vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos debido a la presunta comisión del delito de “administración fraudulenta” vinculada con proyectos de obra pública. La funcionaria rechazó las alegaciones, acusó al fiscal de efectuar una investigación abusiva, políticamente motivada, y a los jueces de ser parte de una “mafia”. Es por ello que el gobierno del Presidente Alberto Fernández incorporó reformas al sistema de justicia que podrían debilitar la independencia de los tribunales y de los fiscales.

En ese sentido, en el año 2015 la Corte Suprema concluyó que el aplazamiento en el nombramiento de jueces permanentes, que provoca que los jueces subrogantes ocupen los cargos durante años, “atenta contra la independencia judicial". Por lo tanto, en septiembre de 2022 había 257 puestos vacantes en la justicia federal y nacional.

Asimismo, la crisis económica, que se profundizó tras la pandemia de Covid-19 “afecta a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos”. “Las personas que viven en situación de indigencia, aquellas que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias más básicas, representaban el 8,8 % de la población, un incremento del 0,6 % desde diciembre de 2021”, detallaron en el informe. 

Además, especifican que los infantes fueron los principales afectados: “Más de la mitad de los niños menores de 14 años vivían en la pobreza y más de uno de cada diez en la indigencia”. En ese sentido, el Banco Central proyectó que la inflación “podía superar el 100 % en 2022, lo que dificultaría aún más las posibilidades de que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas”.

Puntualmente vinculado a los derechos de mujeres y niñas, las autoridades anunciaron que a lo largo de 2021 se llevaron a cabo más de 64.000 abortos legales pero, a pesar de ello, existen obstáculos como “la falta de acceso a información sobre la ley, la falta de capacitación sobre aspectos técnicos y demoras indebidas restringen su efectiva implementación”.

“A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios de mujeres sigue siendo un problema grave. En 2021, el Registro Nacional de Femicidios reportó 231 femicidios (es decir, homicidios de mujeres debido a su género) y apenas 6 condenas”, sostuvieron.

Por otra parte, en cuanto a la libertad de expresión autoridades de alto nivel ”han empleado una retórica hostil contra periodistas y medios independientes”. “Un tribunal federal continuó la investigación de un exdirector y una ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia por cargos de conspiración en relación con el espionaje ilegal de periodistas, sindicalistas y políticos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri”, añaden.

En el caso de las condiciones en centros de detención y abuso de autoridad por parte de  miembros de las fuerzas de seguridad, la Procuración Penitenciaria de la Nación indicó que hubo “233 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2021, y 117 casos entre enero y junio de 2022”. “El Ministerio Público reportó la muerte de 43 personas detenidas en cárceles federales durante 2021, incluidas 9 muertes violentas y 9 muertes ocasionadas por Covid-19”, especifican.

Con respecto al atentado a la AMIA, a 28 años del hecho, aún no hay condenados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en que fallecieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. En febrero de 2019, un tribunal condenó a un exjefe de inteligencia y a un juez por el entorpecimiento de la investigación inicial del atentado, pero absolvió al expresidente Carlos Menem. “La apelación de la condena al juez se encontraba en trámite a octubre de 2022”, señala el reporte. 

En el año 2015, el fiscal Alberto Nisman, quien acusó a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el papel de Irán en el atentado, fue encontrado muerto. Hasta la fecha de redacción de dicho informe no hay condenados en relación a su muerte.

Por último, en 2022 Argentina asumió la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano que apoyó el escrutinio de violaciones de derechos humanos en Afganistán, Bielorrusia, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Ucrania. A pesar de ello “Argentina se abstuvo de votar una resolución para renovar el mandato del grupo de expertos de la ONU que investiga violaciones sistemáticas de derechos en Venezuela y otra resolución para debatir la situación de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur del Xinjiang en China” y, además, “votó a favor de resoluciones en la OEA que condenaban la invasión a Ucrania por parte de Rusia, suspendían el estatus de observador permanente que la OEA había otorgado a Rusia e instaban al gobierno nicaragüense a liberar presos políticos”.

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