De acuerdo al Informe Nacional del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, entre los programas que ejecuta el Ministerio de Educación de la Nación existe uno mediante el cual se organizan viajes escolares para escuelas primarias pero, frente a varios inconvenientes y, como parte de la estrategia para enfrentar el descalabro fiscal, el gobierno nacional dispuso reducir los programas nacionales destinados a apoyar servicios a cargo de las provincias, dentro de ellos los destinados a la educación básica.
Esto se debe a que en uno de los viajes llevados a cabo en el mes de julio, la directora de una escuela de un barrio vulnerable de la Ciudad de Córdoba intentó suspenderlo debido a evidencias de “severas deficiencias en el transporte, falta de comida y de agua caliente para asearse. A pesar de ello, la “maraña burocrática” el planteo no llegó a tiempo a los responsables del programa en el Ministerio de Educación de la Nación. Las críticas se intensificaron cuando se dio a conocer que la medida se sostendrá en lo que resta del año.
En ese sentido, el interrogante que se busca dilucidar es cuál es la contribución que la Nación hace en favor de la educación básica. 
Según datos del Ministerio de Economía para el 2021 se puede ver que “el gasto público total en educación básica asciende a 4,0% del PBI”. En el caso de las provincias se financian con sus recursos 3,7% del PBI y, por último, programas nacionales representan apenas el restante 0,3% del PBI. 
Dichos datos muestran que “la Nación aporta apenas el 7% de la inversión que el Estado hace en educación básica” y, además, deja claro que “el otro 93% lo aportan las provincias con sus propios recursos porque son ellas las que tienen la responsabilidad de administrar las escuelas”. 
Es por ello que en el Informe Nacional de IDESA sostienen que “la contribución cuantitativa que los programas nacionales hacen a la educación pública es marginal”. 
Asimismo señalan que “la educación no depende de los programas nacionales” teniendo en cuenta que “desde el punto de vista cualitativo la intromisión de la Nación en funciones y responsabilidades provinciales tiene impactos muy negativos”.
Por lo tanto, apuntan a que “desde un nivel centralizado se organicen viajes de estudio, se construyan jardines infantiles o se repartan computadoras sirve para justificar el agrandamiento de la burocracia, pero no ayuda a mejorar la calidad de la educación” sino que “distrae esfuerzos y, lo más importante, diluye responsabilidades”.
“El solapamiento y confusión de roles contribuye a que ante el fracaso del sistema educativo prevalezcan las excusas, en lugar de la autocrítica”, añaden y consideran que “es claro que los programas nacionales violentan el mandato constitucional”.
Por otro lado afirman que “las evidencias muestran que las provincias del norte argentino, que son las más rezagadas, reciben apenas el 30% del total de las erogaciones de los programas nacionales en educación”.
Por último, aseguran que el que “funcionarios nacionales se entrometan en responsabilidades provinciales es un desvío que deteriora la calidad de la gestión pública” pero dejan claro que “no sólo ocurre en educación, sino también en otras funciones provinciales como salud pública, asistencia social, vivienda y urbanismo, entre otras”.
Por eso, sostienen que el “principio básico para el ordenamiento integral del Estado es respetar la distribución de funciones entre jurisdicciones que establece la Constitución”.