La Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó el informe anual de gestión. En él sostuvo que es necesario reformar la ley de Salud Mental para que se incorpore a los menores y afirmó que uno de los objetivos del organismo es que haya "defensores y defensoras en todas las provincias del país".

En su informe en diputados, la funcionaria indicó que “la Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia y eso en necesario reformarlo”, y aseguró que “sólo hay un artículo que dedica un párrafo a niñas, niños y adolescentes, como si ellos no tuvieran padecimientos subjetivos, que merecen tener leyes apropiadas".

Además, solicitó la modificación de la ley de discapacidad, que continúa vigente desde la dictadura que, de acuerdo a sus dichos “es retrograda”.

Graham, que expuso en una reunión informativa de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que dirige la diputada radical Roxana Reyes, inició su informe con la aclaración de que la Defensoría "es un organismo de derechos humanos de un tercio de la población que no responde a ninguno de los poderes, es independiente y autónoma y puede interpelar sentencias del poder judicial".

"Nuestro propósito es trabajar mucho para que haya defensoras y defensores en las provincias, que sean pares nuestros y que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes", añadió.

Asimismo, la funcionaria consideró que "se necesitan cambios culturales; hay cuestiones que quedan del tutelarismo clásico: que el Estado atienda a partir de los 18 años, como si las niñas, niños y adolescentes no necesitaran de leyes o de políticas dirigidas hacia esos sectores”.

En ese sentido, Graha indicó que "desde el inicio de la gestión nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, es un tema de alta preocupación” y señaló que "el abuso interfamiliar en el 60% de los casos es el progenitor".

En relación a ello, el defensor adjunto Facundo Hernández explicó que “desde su creación, la Defensoría lleva tramitados 756 expedientes hasta el 28 de febrero de 2022 y del 1ero. de marzo hasta el 31 de julio ingresaron 112 casos nuevos, donde el grueso de los mismo es por cuestiones de familia”.

Además, Graham dijo que "los niños de pueblos indígenas son los más vulnerados" y detalló que "trabajamos en todas las provincias en casos individuales, colectivos y en casos donde hay un número indeterminado de niños y niños".

Por su parte, Hernández comentó que “hay una falta de centralidad de los organismos de niñez en el sistema y en el desarrollo de las políticas públicas y eso es algo que nos proponemos mejorar”.

Con respecto a la presentación del informe anual del organismo, que se vincula a lo especificado en la ley de creación del organismo, se determina que la Defensora deberá dar cuenta de sus acciones anuales presentando un informe antes del 31 de mayo de cada año.

Por último, Graham pidió al Gobierno nacional que extienda la tarjeta alimentar con familias hasta los 17 año y reclamó que la Tarjeta Alimentar "se ate a algún mecanismo de actualización, como tiene la AUH, y que no dependa de una decisión" del gobierno de turno.

“La pandemia que sobrevino a la acuciante situación económica del país reforzó la necesidad de poner el foco en las condiciones materiales de vida de niñas, niños y adolescentes. Tal es que en este primer apartado se despliegan en el inicio los tres ejes prioritarios, los ingresos monetarios, la alimentación en sus diferentes aspectos y la cuestión educativa puesta en relación con el cuidado de la salud", concluye el reporte.