La medida había sido dispuesta por el Ministerio de Trabajo en el año 2018 para sancionar al gremio por incumplimiento de una conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral en diciembre de 2017, cuando el gremio mantuvo un reclamo por el pago de un bono de fin de año.

El entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le aplicó a Camioneros una multa por 809.790.710 de pesos, amparado en la Ley N° 25.212, que impide cualquier medida de fuerza por parte de un sindicato durante el plazo que fija una conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral.

Dos años después, un informe técnico final del Ministerio de Trabajo observó la ilegalidad en el mismo momento del inicio de la multa dispuesta. En el expediente nunca se pudo individualizar a ningún empleado sindicalizado como para que se aplicara una multa por violación a una Conciliación Obligatoria. Además, a la hora de calcular la multa, la misma se extrapoló a toda la organización, 180.000 afiliados.

Por esto, el ministerio determinó la nulidad de absolutamente todo el procedimiento, tanto en sus comienzos como en la apelación realizada en años anteriores.