jueves 11 de agosto de 2022 - Edición Nº1345

El País | 1 ago 2022

"Asociación ilícita"

Juicio por la obra pública: la fiscalía aseguró que hay "prueba relevante"

El fiscal federal Diego Luciani señaló la existencia de "enorme prueba relevante" reunida a su criterio en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y anticipó que acusará a los imputados por considerar que hubo una "asociación ilícita"


El fiscal federal Diego Luciani señaló la existencia de "enorme prueba relevante" reunida a su criterio en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y anticipó que acusará a los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por considerar que hubo una "asociación ilícita" dirigida por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado".

En el juicio en torno a la Vicepresidenta y a otros doce acusados por el presunto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, el fiscal argumentó que "este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal de características singulares" y que tuvo "en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos".

Luciani afirmó que en el juicio hay una "enorme prueba relevante" en las que basará sus acusaciones y añadió que la irá presentando en sucesivas audiencias ante el Tribunal Oral Federal 2.

Los miembros del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, ya recibieron un reclamo de absolución por falta de pruebas de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyos representantes en el juicio señalaron que no hay elementos como para continuar con la acusación y apuntaron sobre inconsistencias en las pericias.

Para Luciani, por el contrario, "Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país", con "ausencia absoluta" de controles.

El fiscal inició su alegato con una crítica a la querella de la UIF y consideró que "no podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable", con respecto a la decisión del organismo de no acusar y solicitar absoluciones por asociación ilícita y defraudación pública.

Además, el fiscal manifestó que Báez era un empleado bancario "monotributista" y fundó la empresa "Austral Construcciones" días antes de la jura del fallecido Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.

En el alegato, el fiscal mencionó una declaración del presidente Alberto Fernández, convocado como testigo en el juicio a pedido de la defensa de la Vicepresidenta, con la que intentó demostrar el vínculo entre el acusado Lázaro Báez y el expresidente Néstor Kirchner.

Además, Luciani exhibió planillas de pericias al teléfono celular del exsecretario de Obra Pública José López, secuestrado en junio de 2016 cuando se lo detuvo intentando esconder bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez, haciendo alusión a un mensaje de López pidiendo una reunión a Mendoza en noviembre de 2015 y a otras comunicaciones a través del sistema de mensajería WhatsApp referidas a presuntas gestiones para reunirse con la entonces Presidenta.

El juicio se reinició luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la Vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002. En ese sentido, se prevé que la fiscalía exponga en principio a lo largo de nueve audiencias y luego será el turno de los abogados defensores.

Asimismo, en la última jornada previa a la feria judicial que inició el 18 de julio, la UIF solicitó la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron en ese período a empresas del también acusado Báez.

Previamente, el organismo consideró "irresponsable avanzar en la acusación" por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" de Mauricio Macri y que la causa "forma parte del lawfare".

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