El presidente de la empresa Vicentín, Omar Scarel, fue detenido en una causa penal en la que está imputado e investigado por la justicia penal de Rosario junto con otros directivos de la compañía por presunta estafa en la venta de acciones que estaban cauteladas por la justicia.

Fuentes judiciales comunicaron que Scarel fue detenido por orden de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía, a cargo de Miguel Moreno, Junto con la detención se llevaron a cabo distintos allanamientos en la ciudad de Rosario. La detención se efectuó en el domicilio de Scarel en la localidad santafesina de Avellaneda.

A través de un comunicado, Vicentín señaló la detención como “injustificada, arbitraria y desmedida”. Las fuentes consultadas comunicaron que, luego de la detención, Scarel será sometido a una audiencia de imputación que se prevé que se realizará el miércoles o el jueves.

La causa comenzó en octubre del año pasado por la confección y aprobación de balances anuales de Vicentin de 2017 y 2018. Luego se determinó que Scarel, utilizó activos de la empresa “Renova” cuando estaban cautelados por orden judicial.

Asimismo, la empresa señaló que el motivo de la detención es “absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”.

“Por otra parte, tanto el Sr. Scarel como todos los miembros del Directorio de Vicentin S.A.I.C imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”, añadió. 

Con respecto a la actuación de la justicia afirmó que “llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”

“No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder”, finalizó la compañía que es una de las agroexportadoras más importantes del país, ubicada en la provincia de Santa Fe, que entró en default en diciembre de 2019.

En junio de 2020, el presidente Alberto Fernández dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir durante 60 días el grupo Vicentin, algo que se concretó el jueves pasado con la firma del acta correspondiente de traspaso. Gabriel Delgado fue la persona elegida por el gobierno para llevar adelante el proceso. 

Además, el funcionario confirmó que enviaría un proyecto de ley al Congreso para avanzar en la expropiación de Vicentin.

El anuncio presidencial fue rechazado por todo el sector agroindustrial y por una gran parte de la sociedad, especialmente por los habitantes de la ciudad santafesina de Avellaneda. Tras una reunión en junio de 2020, Alberto Fernández decidió construir una instancia de diálogo y convocó a la quinta de Olivos al CEO de la empresa, Sergio Nardelli.

Actualmente la deuda total de Vicentin es de USD 1.350 millones, de los cuales USD 1.000 millones corresponde a bancos. El Banco Nación es el principal acreedor, con $18.000 millones, seguido por el Provincia con $1.600 millones. Otro acreedor oficial es el BICE, con $5 millones. Los otros USD 350 millones son deudas con empresas del sector agrícola.