Dos exagentes del grupo conocido como Súper Mario Bros apuntaron hacia quienes manejaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri al impugnar el fallo de diciembre de la Cámara Federal porteña que confirmó la teoría del cuentapropismo. 

“Pudimos ver el video de la Gestapo PRO, la causa del ARA San Juan y la del Proyecto AMBA. Pareciera que los señores jueces no han tomado ni valorado todas estas circunstancias en su conjunto, siendo que existe en apariencia un plan sistemático planificado desde las más altas esferas del gobierno de Mauricio Macri. Entre ellos, los directores de la Agencia Federal de Inteligencia como así también los responsables del área de Jurídicos de la misma Agencia, que a la postre eran los que tenían el verdadero poder de toma de decisiones”, afirmó la defensa de Leandro Araque y Facundo Melo.

Araque y Melo salieron a la luz desde que iniciaron las investigaciones por el espionaje durante el macrismo porque fueron de los primeros en ir a declarar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Los dos llegaron a la AFI a principios del gobierno de Macri y fueron convocados por Jorge Sáez. Tanto Sáez como Araque eran policías de la Ciudad y pasaron a la AFI en comisión. Melo tenía un estudio jurídico en Lanús y primero se integró al “Proyecto AMBA” y cuando se disolvió pasó a trabajar con los Súper Mario Bros. A fines del gobierno de Cambiemos, Melo había ido a Comodoro Py a denunciar que sus jefes en la AFI lo presionaban para perjudicar a Pablo y Hugo Moyano.

El secuestro del teléfono de Araque permitió a la justicia federal de Lomas de Zamora reconstruir parte de la operatoria de los Súper Mario Bros. Su defensa, encabezada por el abogado Fernando Sicilia, solicita que se anule la investigación porque pone en tela de juicio su legalidad. Los planteos de nulidad están siendo analizados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene la causa desde que la Casación Federal la retiró de Lomas de Zamora.

Actualmente, Araque y Melo están ”molestos” porque la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, desvinculó a las cabezas de la AFI macrista como Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quien dejó procesada por no controlar qué pasaba con sus subordinados, y al exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stefano, pero los dejó a ellos como responsables directos de distintos hechos en los que se violó la ley de inteligencia.  

“No es un dato menor que en todas las otras causas relativas al espionaje, que hoy tramitan en esta Capital Federal, tienen a los que tomaban las decisiones sobre la política de inteligencia nacional procesados, incluso al expresidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri. No se entiende como Melo y Araque también querrían ‘influir’ en la vida de los familiares de las víctimas del Submarino San Juan o en la causa del Proyecto AMBA”, destaca la defensa de los dos Súper Mario Bros. 

“Evidentemente, primó un sentido común de entender que los empleados más bajos se encontraban obligados a realizar las tareas encomendadas, no como en el caso de marras, que para salvar las cabezas de la Agencia, pretenden hacernos creer que los empleados de más bajo rango realizaban estas tareas por propia voluntad”, agrega el abogado Sicilia, que afirma que era “más cantado que Despacito” que la Cámara Federal iba a desvincular a los mandamases de la AFI.

Melo y Araque insisten en que ellos seguían órdenes del primer director operacional de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra, uno de los protagonistas del video de la reunión en Banco Provincia, o del exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz. De acuerdo a lo expuesto en sus informes, ambos abogados, no sabían que eran órdenes ilegales. 

Este lunes vence el plazo para presentar los recursos contra el fallo de la Cámara Federal de diciembre pasado con el que Llorens y Bertuzzi desvincularon a Arribas y compañía. 

La semana pasada, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le reclamó a la Cámara de Casación que anule la resolución de Llorens y Bertuzzi y devuelva la investigación a la justicia federal de Lomas de Zamora. Además, puso en evidencia que los cuatro integrantes de la Corte demoraban las definiciones en este caso y que, además, se habían excusado todos para no intervenir. El viernes, la secretaría penal de la Corte anunció que el próximo 22 de febrero se sorteará a los cuatro camaristas federales que reemplazarán a los supremos en este caso de alto impacto político.