El Gobierno resolvió que los trabajadores deberán permanecer un año en la obra social del sindicato de la actividad a la que está asociado su empleador, tal como reclamaba hace años la CGT.

Lo hizo a través del decreto 438 que firmaron anoche Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. El decreto, insta a que se garanticen "los principios de transparencia, integridad, celeridad e informalidad a favor de los beneficiarios" en todo el proceso.

Allí se indica también que “la opción de cambio podrá ejercerse sólo una vez al año y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud”. En tanto, ese derecho “deberá ejercerse de manera individual y personal por el interesado a través de las modalidades dispuestas” por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Este punto había sido una de las promesas de Fernández a la cúpula sindicalista y tiene como objetivo que los gremios eviten la pérdida del dinero proveniente de los aportes obligatorios a manos del sector privado.

Por otro lado, establece que las obras sociales deberán garantizar "el acceso a la información detallada, completa y adecuada respecto de la cobertura prestacional brindada", permitiendo el acceso en todo momento a la cartilla completa con sus distintos planes de forma online.

Finalmente, la medida aclara que este período de permanencia de un año en la obra social del rubro aplicará a todas las relaciones laborales iniciadas "con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto y no cuenten a dicha fecha con 1 año de antigüedad".

En el almuerzo que compartió con la CGT en Olivos a principios de mayo el Presidente prometió dos medidas: el decreto que firmó anoche y un aporte extraordinario del Tesoro nacional por 11.400 millones de pesos a las obras sociales sindicales para compensarles los gastos extras que realizaron durante la pandemia para la atención de sus pacientes discapacitados, el cual está demorado.