domingo 07 de marzo de 2021 - Edición Nº823

El País | 23 feb 2021

Presuntos sobreprecios

Sobreseyeron al ministro Daniel Arroyo por una compra de alimentos no concretada

Fuentes judiciales informaron que el juez federal Sebastián Casanello descartó la existencia de delito por parte del ministro de Desarrollo Social.


El juez federal Sebastián Casanello dispuso el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la causa penal por presuntos
sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus, tras descartarse la existencia de delito.

En la causa, el fiscal federal Guillermo Marijuán ya había dictaminado a favor del sobreseimiento del ministro Arroyo y de otros 15 imputados en esa
causa, al descartar la existencia de sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus. Ahora, el juez federal finalmente sobreseyó al titular de la cartera de Desarrollo Social. 

Según el fiscal federal, "de un análisis de las contrataciones por emergencia objeto de investigación y el resultado de las diligencias adoptadas durante la instrucción del sumario, esta parte no advierte la comisión de conducta ilícita alguna por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los responsables de las empresas jurídicas intervinientes".

La denuncia había sido presentada el 20 de abril del año pasado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para que se investigaran posibles irregularidades en contrataciones directas por emergencia autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

Las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azúcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes. Las contrataciones se hicieron por un total de 543.408.400 de pesos y en la denuncia la PIA sostuvo que habrían sido adjudicadas a "un grupo reducido de empresas" que "en su mayoría- cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación".

Pero la fiscalía sostuvo que a través de diversa prueba ordenada "se documentó " el funcionamiento de las sociedades referenciadas, tratándose
en algunas de ellas de depósitos, oficinas comerciales o viviendas vinculadas con las firmas".

Además se informó a la fiscalía "que el precio fijado correspondía al valor medio de mercados mayoristas y distribuidoras para cada producto, todo ello calculándose con las condiciones de contratación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones".

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