domingo 29 de noviembre de 2020 - Edición Nº725

Sociedad | 24 oct 2020

Entrevistas: Justicia

Mariano Silvestroni: "El problema de todas las Cortes es que no se animaron a ejercer su función de custodios de la Constitución"

En la última entrega del ciclo de charlas con PerioData, el reconocido abogado penalista dialogó sobre la actualidad legal, el papel de la Corte Suprema y más


El abogado penalista y profesor de Derecho Penal, Mariano Silvestroni, dialogó en exclusiva con PerioData para aportar un repaso general de la situación de la Justicia en el País.

Silvestroni, autor de libros de derecho penal y de novelas de intriga judicial, se refirió a las distintas aristas de un tema complejo, como la Reforma, la Corte Suprema y el recurrente incumplimiento de las leyes por parte de la sociedad argentina. 

PerioData: ¿Cómo calificaría el funcionamiento de la Justicia en el país desde el retorno de la democracia?

Mariano Silvestroni: Primero hay que distinguir por materia. No es lo mismo la justicia penal, que la comercial, la civil o laboral. Cada una tiene sus problemas específicos. Dentro de todo, la justicia penal -bien o mal- es la que funciona, porque como se ocupa de conflictos que afectan de manera muy cruda, necesariamente tiene que funcionar. Todo el tiempo hay personas detenidas, delitos que se investigan, entonces eso hace que funcione.
No pasa lo mismo con la justicia civil y comercial, yo me animaría a decir que no existe en la Argentina. Básicamente porque no existen los juicios como, por ejemplo, en el fuero penal. 
Se cree que la justicia penal está para resolver los conflictos, cuando en realidad esto no es así. Los conflictos deben resolverse en otro ámbito, no en la justicia penal. Pero como es la única justicia que “funciona”, entonces todo lo queremos discutir por ahí, desde cuestiones políticas, comerciales, hasta conflictos familiares. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el funcionamiento de la Justicia argentina. 
Además tenemos un sistema penal sobredimensionado, que se ocupa de todo, que se mete en todo y que da amplios márgenes de discrecionalidad a la Policía, a los jueces o a los fiscales para hacer lo que quieran y avasallar derechos. Tienen un poder ilimitado. Y tenemos una sociedad que percibe lo contrario, que cree que éstos no pueden hacer nada porque no tienen herramientas cuando es todo lo contrario.
Esta imagen de los jueces garantistas que dejan en libertad a los delincuentes es una ficción absoluta. 

PD: ¿Serviría una reforma? ¿Qué se debería implementar para tener una justicia menos burocrática y más eficiente?

MS: Para mí, el punto clave de una posible reforma judicial pasa por la modificación de los códigos procesales, civiles y comerciales de la Nación y de las Provincias. Ahí está el punto neurálgico del problema de la Justicia. Hoy en día, ya sea para reclamar el pago de un pagaré, un juicio de desalojo o un juicio por contaminación contra una corporación, en cualquiera de esos casos hay que llevar adelante una serie de pasos. Por ejemplo, en algunos casos pedir una mediación previa; en otros presentar una demanda escrita, notificarla por escrito y encontrar el domicilio del demandado; trabar la litis; después se fija una audiencia que puede tardar uno o dos años para discutir qué prueba se hace y cuál no; además son audiencias que las toma un empleado del juzgado. Toda la prueba del juicio se produce por escrito, en audiencias separadas, en donde no hay una relación de inmediación entre el juez y la recepción de la prueba. Así funcionan los juicios eternos de la justicia civil y comercial, que es el lugar en el que se discuten el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, a la salud, al medioambiente. Ahí es donde se discute todo, y con este tipo de procedimientos. 
Eso es lo que no se ve, porque lo que sí se ve es la justicia penal. Todo el mundo tiene la ilusión de que la Justicia es la justicia penal, y en realidad ésta se ocupa de conflictos que no tienen solución. Es decir, cuando un conflicto llega a un fiscal o juez penal, es porque la solución fracasó. Ya está, todo falló, el conflicto se llevó al extremo. Y ahí interviene el juez penal, que vendría a ser como el médico que hace una autopsia, el forense.
En cambio, el juez civil y comercial podría ser el clínico o en todo caso el cirujano. 

PD: ¿Diría que el problema no son las leyes, sino que éstas no se cumplen?

MS: Yo creo que tenemos demasiadas leyes, es el gran problema legal argentino -y mundial-. Cuando dicen ‘uy, los diputados y los senadores no van a trabajar’, para mi es mejor que no vayan a trabajar, así no tenemos más leyes. Necesitamos tener un 10 por ciento de las leyes que tenemos. 

PD: ¿Qué opinión le merece el accionar de la Corte Suprema en los últimos 30 años?

MS: La Corte en la época de Raúl Alfonsín (N. del E. presidente argentino entre el 10 de diciembre de 1983 y el 21 de abril de 1989) fue digna, funcionó bien, dictó buenos precedentes. Después vino la Corte menemista que fue un desastre, la peor que tuvo la Argentina en toda la historia. A esa Corte se la sustituyó de manera desastrosa, porque los presionaron, echaron a algunos que no tenían que echar. Un mamarracho.
Con Néstor Kirchner en la presidencia fue muy buena, dictó muy buenos fallos. Pero se acabaron en 2011/2012, para pasar al letargo donde continúa todavía. 
El problema fundamental de todas las Cortes es que no se animaron a ejercer su función de custodios de la Constitución, de su cumplimiento en todas las áreas. Tienen miedo, y ese es un problema que tienen todos los jueces. Tienen miedo de resolver conforme a derecho porque eso les puede costar el cargo. 
Entonces la Corte hace equilibrio, hace política, y no lo que debería hacer: ejercer el control de constitucionalidad.

PD: ¿Le pareció acertado el recurso del per saltum por el traslado de jueces?

MS: Ahí hay distintas cuestiones. Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli fueron designados de manera ilegal. Directamente.
Es más, yo creo que deberían ser destituidos por haber aceptado esa designación. En el caso de los dos primeros, por haber hecho el “trabajo sucio” que los mandaron a hacer desde la Casa Rosada luego de haber aceptado esa designación irregular. Desde 1983, es la primera vez que un presidente designa él, por su sola voluntad, a quienes van a manejar al tribunal que va a juzgar a sus rivales políticos. Eso no pasó nunca desde el regreso de la democracia y es lo que hizo (el ex presidente, Mauricio) Macri con Bruglia y Bertuzzi, los puso con un Consejo de la Magistratura complaciente, que armó una terna trucha sin concurso, es decir sin seguir el procedimiento constitucional, sin intervención del Senado. Los pone en el tribunal penal más importante del país para que metan opositores presos. Si pasa en Venezuela, es un escándalo internacional. 
Ahora, en vez de llevarlos a un juicio político para que se discuta públicamente la situación irregular, los sacan ilegalmente. Entonces la Corte se ocupa de esta segunda porción, si está bien o mal, dentro del punto de vista formal, cómo los quieren remover del cargo que asumieron ilegalmente. Eso tendría que discutirse y es algo que no está en discusión.

PD: ¿Cree que el pedido de juicio político a Carlos Rosenkrantz tiene fundamentos?

MS: Es un mamarracho. Es un acto de presión a un juez, pero es algo que hicieron todos los gobiernos con los jueces cuando no les gusta lo que éstos fallan. De hecho, el gobierno anterior se sacó de encima a los miembros de la Cámara Federal: a uno lo sacó el Consejo de la Magistratura, a otro lo obligaron a jubilarse, a otro lo obligaron a aceptar un traslado, y con esas vacantes pusieron a Bruglia y Bertuzzi.
Todos utilizan el mismo procedimiento, presionar, extorsionar a los jueces para que fallen en su beneficio. Y pasa invariablemente. 
Estamos hablando de la justicia penal federal, de una porción ínfima de la Justicia que es un universo mucho más grande y es lo que habría que contemplar en una posible reforma judicial.
 

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