El 12 de agosto último, el presidente Alberto Fernández (después de una gotera informativa con Ginés González García como principal responsable) anunció que Argentina sería socia, junto a un laboratorio privado de fondos mexicanos y una universidad del Reino Unido, de la fabricación de una vacuna para prevenir el contagio del COVID-19.

Tras 145 días de confinamiento obligatorio, la esperanza descendió en forma de inoculante como Zeus del monte Olimpo. 

La noticia, positiva, vino a mitigar una realidad abrumada por el aumento de muertes y de utilización de camas UTI -los indicadores más importantes-, sobre todo en la provincia de Buenos Aires que reúne el 67 por ciento de los contagios. Tras 145 días de confinamiento obligatorio, la esperanza descendió en forma de inoculante como Zeus del monte Olimpo. "Esto pone a Argentina en lugar de tranquilidad", sentenció Fernández, sin explicar del todo que la vacuna está aún en Fase III al igual que otras cinco en el Mundo. Esta, según los expertos, es la última etapa y la más importante, porque es en la que se evalúa la seguridad y la eficacia a nivel masivo antes de ser aprobada por las entidades regulatorias y distribuida finalmente a los ciudadanos.

Un día después de la rimbombante comunicación presidencial, Hugo Sigman, propietario del laboratorio que fabricará el inyectable, aclararía en una entrevista radial que "esta fue una negociación entre privados, ningún gobierno jugó ningún papel” y confió: “Si la vacuna se aprueba se va a vender, sino se va a tirar lo que se hizo". Por otro lado, se debe mencionar que al empresario se lo investigó en dos oportunidades (2008 y 2016) por su presunto involucramiento con grandes embarques de efedrina.

Cuando el gran enemigo del oficialismo, las redes sociales, comenzaron a visibilizar estas cuestiones con datos y a comparar la fabricación de la vacuna con el “ensamblado en Tierra del Fuego”, el optimismo del Gobierno descendió varios niveles. La realidad de Alberto Fernández colisionaría, una vez más, con la otra realidad.

El viernes 14 de agosto se cumplieron 147 días desde el inicio de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO); y esa misma jornada el mandatario argentino anunció que se extendería hasta el 30 de agosto. Fiel a su verbosidad excesiva, atizó las brasas de la reclusión con una frase inaudita: “Es obvio que en Argentina la cuarentena hace mucho tiempo dejó de pasar, no existe desde hace meses". Al mismo tiempo, repudió la marcha que tendría lugar el 17 de agosto y que había sido organizada “por los anticuarentena”. Un crítico de arte medianamente avezado, puede observar que algo en este cuadro pintado por el Presidente no parece encajar.

La Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) afirmó que en Argentina, durante los casi cinco meses que duró el ASPO, 92 personas murieron “a manos de integrantes de la fuerzas estatales”.

Para realizar su temeraria afirmación, no tuvo en cuenta que poco más de una semana antes, en un plenario de comisiones de Diputados, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presentaron un informe con datos perturbadores. El reporte menciona que entre el 10 de diciembre y el 20 de marzo, el organismo de DDHH recibió 71 denuncias por casos de violencia de diverso tipo, entre ellos la institucional. El número creció a 531 episodios en el marco de la cuarentena que, para Fernández, “no existe”.
En medio de esa revelación, la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) afirmó que en Argentina, durante los casi cinco meses que duró el ASPO, 92 personas murieron “a manos de integrantes de la fuerzas estatales”. En ese lapso, cerraron miles de comercios, PyMEs, se perdieron casi 400 mil puestos de trabajo y la actividad económica cayó a niveles históricos. Según el INDEC, hasta mayo era del 13,2 %. Resulta cuanto menos extraño que un confinamiento ficticio haya producido tamaña crisis.

Otro capítulo merece la negociación con los bonistas extranjeros por el canje de la deuda, que duró unos siete meses. Con la sombra del default cerniéndose sobre la inflación y la caída del PBI, el 4 de agosto el Gobierno alcanzó el ansiado acuerdo con una promesa de pago de US$54,8 por cada US$100 emitidos. Esto es, casi lo mismo que los acreedores pidieron desde el primer encuentro y que el propio Fernández aseguró que el país no podría pagar. "Hoy el orgullo nacional se gana plantándose frente a los acreedores y exigiéndoles que no le hagan pagar a la Argentina una deuda a costa del pueblo", comentaría el Presidente en un acto por el 170° aniversario del fallecimiento de José Francisco de San Martín.

Brasil, el País Vasco, Suecia, España, entre otros, se vieron compelidos a corregir las cifras presentadas por el profesor de Derecho de la UBA.

Podríamos aludir a otras expresiones similares como los gruesos errores al momento de presentar datos de otras naciones que valieron respuestas inmediatas y en tonos poco amistosos. Brasil, el País Vasco, Suecia, España, entre otros, se vieron compelidos a corregir las cifras presentadas por el profesor de Derecho de la UBA. También sería válido meterse con su proclamado feminismo, especialmente después de la máxima que explicita que en cada foto del Gobierno debe haber una mujer (en la última reunión en Olivos, post movilización, se reunieron 11 funcionarios: todos hombres) , y cuando la discusión del aborto legal se hizo añicos sin siquiera llegar a constituirse. Son todas interpelaciones válidas, pero no dejan de ser ejemplos de una misma acción, la de moldear la realidad -empírica- desde la oralidad. Cambiar sin cambiar nada.

Es fundamental para el funcionamiento correcto de ese doble discurso que el receptor tenga en buena –sino en alta- estima el campo ideológico de quien le habla, y que las palabras proferidas no tengan considerandos de fuste. Las imprecisiones en cada alocución de Alberto Fernández no son caprichosas ni inocentes, y tanto él como su tocayo Aníbal utilizan adjetivos grandilocuentes para expresarse. Por eso las cifras no sostienen el andamio discursivo erigido por el autodenominado Gobierno de científicos. Los números, presentados en forma correcta, reproducen una única realidad.