Rosca | 17 may 2019
Estafas, vida de lujos y dos detenidos en el ministerio de Educación provincial
La Policía detuvo en las últimas horas a dos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires, acusados de pertencer a una banda que realizaba estafas con tarjetas de de débito que se utilizaban para cargar combustible en vehículos oficiales del organismo público.
Las capturas se dieron en el marco de la investigación relacionada con una millonaria malversación de fondos públicos y luego de varios de allanamientos llevados a cabo en La Plata y Berisso, en los que se secuestró dinero en efectivo, motos y automóviles de alta gama, embarcaciones deportivas, entre otros elementos.
En la causa, que instruye el fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, figuran como detenidos Gustavo Chiamberro y Diego Burgos, jefes del Departamento Combustible y Automotores del ministerio de Educación. Están acusados de los delitos de asociación ilícita y malversación de caudales públicos, informaron fuentes judiciales y no se descarta que haya otros empleados involucrados.
El primer eslabón de la pesquisa se descubrió el pasado 26 de abril, durante un control policial en el que se paró a un hombre de 29 años a bordo de una camioneta Grand Cherokee identificado como Walter Cejas, quien trabajaba en una estación de servicio ubicada en la calle 44 y 31 de La Plata. Los voceros señalaron que Cejas "se puso nervioso" cuando se le requirió la documentación del vehículo y "se le cayeron 15 tarjetas de débito Bapro Copres (utilizadas para cargar combustible en autos oficiales) y 50.000 pesos en efectivo".
Por otra parte, el día posterior a la detención de Cejas, el encargado general de esa expendedora, Maximiliano Normann (44), se pegó un tiro en el baño del comercio y murió al instante.
Un portavoz de la causa indicó que la maniobra consistía en el desvío de fondos públicos de manera peridódica a partir de falsas compras de combustibles y repuestos para vehículos oficiales que no era utilizados pero que no habían sido dados de baja y estaban guardados en galpones "La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial", afirmó Condomí Alcorta.
Las fuentes indicaron que los montos destinados del erario provincial a las tarjetas ascendían de forma semanal desde 250.000 a un millón de pesos, por lo que el fiscal, ante la magnitud de la estafa al gobierno provincial, pidió que se embargaran los bienes de las personas investigadas hasta tanto poder determinar el total del dinero sustraído.
