La Corte Suprema de Justicia de la Nación asestó un revés institucional a la política de desregulación del Gobierno nacional al declarar inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales el Ejecutivo había liberado los precios de las empresas de medicina prepaga y eliminado los mecanismos estatales de control sobre las cuotas. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal ratificó de manera unánime la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, aunque modificó uno de sus alcances al dejar sin efecto la obligación de ajustar los incrementos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El expediente se originó en un amparo presentado por una afiliada de Swiss Medical cuya cuota había escalado 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, cuando la suba estimada bajo el régimen regulatorio previo habría sido del 6,26% solo para enero. Tras un rechazo inicial en primera instancia, la Cámara platense había declarado la inconstitucionalidad de las normas del decreto y ordenado que los aumentos siguieran la evolución de la inflación, resolución que fue apelada tanto por la empresa como por el Estado nacional.
Al pronunciarse sobre el fondo, la Corte determinó que la Superintendencia de Servicios de Salud —organismo que responde al ministro Mario Lugones— deberá recuperar sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar los valores de las cuotas y sus modificaciones. Según el fallo, los incrementos deberán contar con un sustento razonable basado en las variaciones de la estructura de costos de las empresas y en un cálculo actuarial de riesgos. En cambio, al revocar el ajuste automático por IPC, el máximo tribunal no dispuso un tope inflacionario ni una baja generalizada de las tarifas vigentes.
En los fundamentos de la acordada, los jueces recordaron que la Constitución Nacional habilita el dictado de decretos de necesidad y urgencia únicamente en escenarios de rigurosa excepcionalidad, en los que resulte imposible recurrir al trámite legislativo ordinario o la urgencia impida aguardar los tiempos del Congreso.
En ese marco, el tribunal cuestionó que el Poder Ejecutivo haya invocado de forma genérica una crisis del sistema de salud y la búsqueda de mayor competitividad para justificar la supresión de los controles estatales. "Los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación", advirtió la Corte.
Asimismo, los magistrados señalaron que las leyes derogadas o modificadas ya otorgaban márgenes de discrecionalidad a órganos del propio Ejecutivo para orientar las políticas del sector, lo que exigía un mayor esfuerzo argumentativo para demostrar la urgencia de alterar el marco legal por decreto. La conveniencia de acelerar una reforma —subrayó el fallo— no habilita a sortear el debate parlamentario.
Por último, la Corte aclaró que la inconstitucionalidad decretada se circunscribe a los artículos vinculados con la medicina prepaga y no implica un pronunciamiento sobre el resto del DNU 70/2023, cuyos alcances deberán evaluarse en futuros planteos judiciales que lleguen a su consideración.