La crisis en el sector industrial sumó un nuevo capítulo en el cordón productivo del norte bonaerense luego de que el Ministerio de Trabajo provincial dictara la conciliación obligatoria en el conflicto por el cierre de la planta de Campana de la agroindustrial Bunge Argentina, ocurrido el pasado 26 de octubre y que dejó en la calle a más de 100 trabajadores.
La instancia administrativa tendrá una duración de 15 días y fijó una próxima audiencia para el viernes 20 de noviembre a las 11:00. Durante este lapso, la compañía deberá reincorporar de manera provisoria al personal y abonar los salarios caídos, mientras que la organización sindical quedó obligada a frenar cualquier medida de fuerza o protesta directa en las instalaciones.
La resolución DISPO-2026-565, firmada este lunes por el delegado regional de Trabajo y Empleo de Campana, Darío Mario Cingolani, bajo el marco de la Ley Provincial 10.149, intima a la firma a retrotraer "los despidos de la totalidad de los trabajadores convencionados al momento anterior de la iniciación del presente conflicto, abonando los haberes devengados y otorgándoles tareas de manera normal, efectivas en su puesto de trabajo y habituales".
Asimismo, el texto advierte que la fiscalización quedará a cargo del Servicio de Inspección y Vigilancia del organismo y amenaza con aplicar las multas previstas en el Anexo II de la Ley 25.212 en caso de incumplimiento, extendiendo una eventual responsabilidad solidaria a los directivos de la compañía. En paralelo, intimó al Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate a desactivar las acciones gremiales durante el plazo de tregua.
Más allá de la tregua administrativa de dos semanas, el trasfondo del conflicto expone las dificultades estructurales que atraviesa la actividad fabril. El complejo de Campana —propiedad de la multinacional y donde también participaba la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con el 17,5% de la producción— contaba con 50 años de trayectoria elaborando amoníaco y tiosulfato de amonio, insumos esenciales para fertilizantes y agroquímicos.
Desde la empresa explicaron que el cierre de la unidad fue el desenlace de "un extenso proceso de análisis y de la evaluación de distintas alternativas operativas y comerciales", señalando que las limitaciones tecnológicas y de infraestructura de la planta, sumadas a las nuevas condiciones del mercado, volvieron inviable su continuidad.
En esa misma línea, Leandro Strasschenco, secretario gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana, reconoció que durante las audiencias la firma justificó el cierre en la pérdida de competitividad y en una marcada caída de la demanda de fertilizantes líquidos frente a los sólidos, un escenario económico que mantiene en vilo la continuidad definitiva de las fuentes de trabajo una vez vencido el plazo de conciliación.