Las principales entidades del sector agropecuario y comercial —carbap, Coninagro y el Centro de Acopiadores de Cereales— manifestaron su frontal rechazo a la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de fijar un incremento del 16% en las tarifas de referencia para el transporte de granos. A través de un comunicado conjunto, las organizaciones cuestionaron duramente la intervención del Ministerio de Transporte provincial, al señalar que se impuso un porcentaje superior al 15% que originalmente reclamaban los transportistas.
El conflicto se desencadenó en el ámbito de la Comisión de Transporte de Granos provincial, donde confluyen las cámaras del sector y los dadores de cargas. De acuerdo con el informe de las entidades, las discrepancias en torno a la estructura de costos impidieron alcanzar un entendimiento consensuado. Inicialmente, el sector empresario propuso una suba del 8,3% en función de la evolución de los "costos reales", cifra que posteriormente elevaron al 11,5%. No obstante, ante la falta de acuerdo, la cartera ministerial resolvió laudar un alza del 16%, medida que fue catalogada como arbitraria y plasmada formalmente con su rechazo en el acta oficial.
El malestar sectorial profundiza un cortocircuito previo registrado en abril, cuando las partes habían acordado un ajuste del 14% en La Plata, pero la Provincia convalidó posteriormente un 16% en Necochea tras la presión ejercida mediante bloqueos de rutas y puertos, sin el aval de las entidades dadoras de cargas. Para las organizaciones, aquel episodio marcó el inicio de la "desinstitucionalización" del espacio de negociación.
En esta oportunidad, las autoridades provinciales justificaron el laudo en la necesidad de prevenir conflictos y medidas de fuerza. Sin embargo, las cámaras agropecuarias refutaron categóricamente este argumento, al sostener que fijar un valor por encima de lo solicitado por los propios transportistas convalida las vías de hecho: "Cuando el Estado reemplaza la negociación por la imposición y premia la presión por encima del diálogo, deja de ser garante de la institucionalidad para convertirse en parte del problema", expresaron.
Finalmente, las entidades ratificaron su defensa del consenso y recordaron a los productores y operadores del comercio granario que las tarifas tienen un carácter estrictamente orientativo y de libre negociación entre las partes, por lo que sugirieron consultar los valores vigentes de los fletes locales antes de concretar la contratación de los viajes.