La denuncia por las condiciones en las que eran trasladados trabajadores municipales de Pehuajó llegó al Senado bonaerense y abrió una discusión que ahora apunta a los 135 distritos de la provincia. A partir de ese episodio, legisladores provinciales presentaron tres proyectos de solicitud de informes para conocer el estado de la higiene y la seguridad laboral en las administraciones municipales.

El caso que dio origen a las iniciativas ocurrió el 13 de octubre de 2026, cuando el concejal Miguel Araujo, de La Libertad Avanza, presentó una denuncia ante la Delegación Regional Pehuajó del Ministerio de Trabajo bonaerense. La presentación cuestionó las condiciones en las que se desempeñaba el personal del área de Servicios de la Municipalidad.

Según los fundamentos de los proyectos, Araujo señaló que había observado en reiteradas oportunidades a empleados trasladados por la ciudad en camiones, sin ropa ni calzado de trabajo adecuados. Las fotografías que acompañaron la denuncia mostrarían a trabajadores que viajaban en las cajas de camiones volcadores, de pie o sentados en el piso, sin asientos ni sistemas de sujeción. También se describió el caso de un empleado que sobresalía de la caja del vehículo.

La presentación solicitó que se inspeccionaran las condiciones de traslado, se verificara la entrega de elementos de protección personal, se evaluara la aptitud técnica de los vehículos y se acreditara la cobertura de riesgos del trabajo del personal involucrado.

Al día siguiente, el titular de la delegación local del Ministerio de Trabajo, Mateo Rossi, confirmó que se había iniciado un expediente administrativo el mismo día en que fue recibida la denuncia. El funcionario indicó que el organismo intervendría dentro de sus competencias y conforme a la normativa vigente, con criterios técnicos y sin anticipar conclusiones. Esa confirmación no implica que las irregularidades denunciadas hayan sido verificadas ni que se hayan dispuesto sanciones.

Con ese antecedente, los proyectos presentados en el Senado buscan ampliar el análisis y determinar si existen situaciones similares en otros distritos. Las iniciativas llevan las firmas de legisladores de la Cámara alta, entre ellos la senadora Analía Balaudo, y plantean distintos aspectos de las condiciones laborales del personal municipal.

Uno de los pedidos apunta específicamente a la cobertura de riesgos del trabajo. Solicita conocer qué municipios bonaerenses están afiliados a Provincia ART, cuántos trabajadores tienen cubiertos y cuáles fueron los índices de siniestralidad durante 2023, 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026. La información requerida deberá discriminar accidentes laborales, siniestros ocurridos durante los traslados y enfermedades profesionales.

También pide conocer la cantidad de casos mortales y de incapacidades permanentes registrados en ese período, además de los accidentes que involucraron a empleados trasladados en vehículos municipales. En este último punto, requiere identificar cuántos trabajadores viajaban en cajas de carga u otras partes de los vehículos que no están destinadas al transporte de personas.

El proyecto incluye preguntas específicas sobre Pehuajó: consulta si el municipio tiene cobertura de Provincia ART, qué siniestros se registraron entre 2024 y 2026 en el área de Servicios, qué visitas de prevención y recomendaciones se realizaron y si la aseguradora tomó conocimiento de la denuncia presentada ante el Ministerio de Trabajo.

Un segundo pedido busca conocer las condiciones generales de empleo en los 135 municipios. Entre otros puntos, solicita información sobre los regímenes de empleo y convenios colectivos vigentes, el estado edilicio de obradores, talleres, corrales y plantas de residuos, y los vehículos utilizados para trasladar al personal operativo.

También pregunta si existen programas o fondos provinciales destinados a mejorar las condiciones de trabajo, adquirir vehículos adecuados, acondicionar instalaciones y proveer elementos de protección. En caso afirmativo, requiere los montos asignados y ejecutados durante 2025 y 2026, discriminados por municipio.

La iniciativa incorpora, además, una consulta sobre la situación de Pehuajó: si la Provincia tomó conocimiento de la denuncia y si el distrito recibió recursos provinciales para equipamiento, vehículos o elementos de protección destinados a sus trabajadores.

El tercer proyecto se concentra en los mecanismos institucionales de prevención y control. Requiere información sobre la adhesión de los municipios a la Ley 14.226, la existencia de comisiones mixtas de salud y seguridad, el funcionamiento del Consejo del Empleo Municipal y la inclusión de estas cuestiones en las negociaciones colectivas.

También solicita datos sobre denuncias y reclamos recibidos entre 2024 y 2026 por las condiciones de trabajo en dependencias municipales, las inspecciones realizadas y las medidas adoptadas. En particular, pregunta por el trámite que recibió la presentación de Pehuajó, las inspecciones que se hayan dispuesto, sus resultados y una eventual intervención de la ART, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o las autoridades de control vial.

El foco en el transporte del personal

Uno de los puntos que se repite en los tres proyectos es el traslado de empleados en cajas de camiones, volcadoras o acoplados. Los fundamentos advierten sobre los riesgos de transportar personas sin asientos ni sujeción y compartiendo el espacio con herramientas y materiales.

Los legisladores también mencionan reclamos por la falta de elementos de protección personal y de instalaciones básicas en obradores y corrales municipales. La intención es determinar la dimensión de esos problemas y conocer qué mecanismos de prevención están funcionando en cada distrito.

Las iniciativas invocan el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 39 de la Constitución bonaerense y las leyes provinciales 14.656 y 14.226. Esta última creó la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público y las comisiones jurisdiccionales, aunque para los municipios establece un mecanismo de adhesión.

En sus fundamentos, los proyectos sostienen que la información solicitada permitirá conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones de prevención y evaluar si hacen falta reformas legislativas. También señalan que la Ley 14.656 reconoce el derecho de los trabajadores municipales a condiciones dignas y equitativas de labor y a contar con ropa, útiles y elementos de protección y seguridad.

Una respuesta que todavía debe llegar

El caso de Pehuajó puso en discusión una cuestión que excede la relación entre el municipio y sus empleados: las responsabilidades de las administraciones locales y de los organismos provinciales en materia de prevención de riesgos laborales.

Los tres pedidos de informes buscan que el Poder Ejecutivo bonaerense aporte datos concretos para establecer qué cobertura tienen los trabajadores, qué controles se realizan y qué medidas se adoptan cuando se detectan situaciones de riesgo.

Por ahora, la apertura del expediente por parte del Ministerio de Trabajo constituye la respuesta administrativa conocida a la denuncia de octubre. Los proyectos legislativos, por su parte, procuran que el relevamiento alcance al conjunto de los municipios y permita contar con un diagnóstico provincial.

La cuestión de fondo es determinar si los hechos denunciados en Pehuajó constituyen un caso puntual o si reflejan problemas más extendidos en la forma en que los municipios trasladan, equipan y protegen a sus trabajadores.