En un contexto signado por las dificultades financieras y la contracción de la actividad industrial, la provincia de Buenos Aires decretó la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por sus trabajadores por un plazo de tres años. La disposición, oficializada mediante la Ley 15.679, alcanza a las cooperativas de trabajo integradas por operarios que asumieron la gestión de establecimientos tras situaciones de cierre, quiebra, cesación de actividades o abandono patronal. Para acceder a estos beneficios, las entidades deberán figurar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica o poseer el trámite de constitución en curso.

La legislación busca poner un freno al deterioro operativo de este sector productivo frente al escenario de recesión. Entre sus pilares centrales, la norma estipula la suspensión total de las acciones judiciales, trámites y diligencias que tengan por finalidad ordenar o ejecutar desalojos en las plantas, independientemente del estado procesal de los expedientes. Asimismo, el Estado bonaerense declaró de interés provincial el proceso de recuperación de fábricas por parte de su personal, reconociendo a las cooperativas como alternativas viables para sostener la actividad productiva y resguardar los puestos de trabajo.

En el ámbito tarifario, la norma prohíbe las interrupciones en los servicios públicos provinciales de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales. A su vez, las empresas prestadoras quedarán obligadas a implementar esquemas de facilidades de pago que permitan a las cooperativas cancelar las deudas contraídas durante el período de vigencia de la emergencia.

El plazo de tres años podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo provincial en caso de que persistan las variables que motivaron la medida. La iniciativa plantea así un alivio transitorio ante el aumento de los costos operativos, intentando amortiguar la presión sobre los emprendimientos autogestionados de la provincia.