La Asociación Civil Morelli expresó su inquietud ante las repercusiones sociales y jurídicas derivadas del expediente de Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts que quitó la vida a sus tres hijos pequeños en enero de 2023 y cuyo debate oral se declaró nulo debido a que el jurado no consiguió arribar a un veredicto unánime. El equipo defensor sostuvo que la procesada cursaba un cuadro de psicosis puerperal que alteró su discernimiento para comprender sus acciones, en tanto que la Fiscalía aseveró que era consciente de su accionar. El fallo dejó el trámite sin un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal y habilitó la opción de sustanciar un nuevo juzgamiento.

Bárbara Morelli, presidenta de la ONG, criticó lo que define como una doble vara en la manera en que la comunidad evalúa los actos violentos perpetrados por hombres y mujeres, en particular cuando los damnificados son sus propios descendientes. «Corresponde preguntarnos si la respuesta comunitaria habría resultado idéntica de haber sido un varón el responsable. ¿Habríamos presenciado el mismo grado de comprensión, empatía y atenuantes? ¿O la reprobación social hubiese sido inmediata, sin fisuras ni miramientos? Existe una asimetría que debemos debatir con rigor», aseveró.

En ese sentido, Morelli indicó que los condicionantes personales y las eventuales afecciones de quien comete una infracción penal deben ser examinados por los tribunales, aunque previno que tal análisis no puede derivar en un juzgamiento diferenciado según el sexo de la persona imputada. «El bienestar psíquico constituye un asunto trascendente y exige la cobertura correspondiente. Sin embargo, una cuestión es ponderar si un individuo discernía sus actos y otra muy diversa es disculpar el deceso de tres criaturas. La pesquisa y la valoración del tribunal deben operar con rigurosidad, sin concesiones ni juicios previos, al margen de si concierne a un varón o a una mujer», puntualizó.

Por otro lado, la profesional reprobó las manifestaciones de solidaridad recibidas por la procesada en plataformas digitales, donde ciertos mensajes alcanzaron el extremo de exhibir abusos hacia los propios hijos a modo de adhesión con la acusada. «Resulta preocupante que existan sectores que, escudándose en una supuesta "empatía", terminen relativizando los atropellos contra la niñez. Ningún padecimiento de un adulto justifica convertir las agresiones infantiles en un hecho admisible», argumentó.

Para la abogada, estas posturas se inscriben en una controversia más extensa referente a la salvaguarda de los menores y al compromiso de las dependencias estatales y del conjunto social. «Al abordar los derechos infantiles, resulta inadmisible fijar salvedades por condicionamientos ideológicos, afinidades personales o el género del involucrado. Si demandamos que un progenitor violento rinda cuentas ante los tribunales, corresponde exigir idéntica postura cuando la involucrada sea una madre. La equidad radica asimismo en emplear los mismos parámetros frente a episodios de semejante gravedad», enfatizó.

«El eje de todo análisis debe situarse en la protección de la infancia. No corresponde tolerar que los argumentos en torno a la conducta de un adulto terminen solapando el drama de quienes perdieron la existencia. Los niños requieren una sociedad apta para condenar el maltrato sin doble rasero y para reclamar respuestas institucionales con la misma severidad ante cualquier caso», finalizó la referente de la organización.