La estructura de tenencia de la vivienda en la Argentina registró una transformación paulatina durante la última década: la porción de familias inquilinas creció del 17% al 20% entre 2016 y 2025, en tanto que la proporción de hogares propietarios se contrajo del 72% al 68%. Las cifras forman parte del Monitor de asequibilidad de la vivienda, publicado en octubre de 2026 por el Observatorio Federal de Asequibilidad de la Vivienda (OFAVA).

A pesar del avance del arrendamiento, el trabajo destaca que el país conserva una matriz predominantemente propietaria. No obstante, advierte que la titularidad del inmueble no garantiza necesariamente estándares óptimos de habitabilidad. En diversas regiones del interior —como Santiago del Estero, donde el 25% de las familias afirma ser dueña de la finca pero no del suelo—, la propiedad responde a la autoconstrucción, la cesión hereditaria o esquemas informales desprovistos de escrituración formal.

En cuanto a la caracterización socioeconómica, la jefatura del hogar inquilino promedia los 41 años (15 años menos que la de un propietario) y cuenta con una escala familiar menor (2,5 integrantes frente a 3). Durante la franja laboral activa, los ingresos totales entre ambos colectivos resultan equivalentes, registrando el sector arrendatario un mayor haber per cápita al conformar grupos más reducidos. Sin embargo, dicha paridad se quiebra desfavorablemente para los inquilinos a partir de los 65 años.

Respecto del financiamiento bancario, las operaciones de préstamos hipotecarios mostraron un repunte desde junio de 2026 tras tocar piso en mayo. En septiembre se liquidaron cerca de 3.600 créditos a nivel nacional; sin embargo, el acumulado de los primeros nueve meses colocó 20.900 hipotecas, volumen que representa un 37% menos que en el mismo período de 2025. El mercado permanece altamente centralizado: el Banco Nación (65,9%) y BBVA (14%) concentraron ocho de cada diez operaciones a julio, mientras que la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reunieron el 63,9% de las adjudicaciones, frente a solo el 4% registrado en el conjunto de las provincias del NOA y el NEA.