La Libertad Avanza (LLA) presentó dos proyectos de ley en el edificio Anexo del Senado bonaerense con los que busca modificar el funcionamiento de la administración pública provincial. Una de las iniciativas propone derogar alrededor de 40 leyes que sus impulsores consideran obsoletas, mientras que la otra plantea reorganizar los 279 registros provinciales identificados por el equipo que elaboró la propuesta.

Los proyectos fueron desarrollados por la Mesa de Desregulación del espacio, integrada por los senadores Matías De Urraza y Diego Valenzuela, los diputados provinciales Oriana Colugnatti y Francisco Adorni, y un equipo técnico.

La primera iniciativa, denominada «Ley Hojarasca Bonaerense», apunta a eliminar normas que, según sus autores, perdieron vigencia, cumplieron el objetivo para el que fueron creadas o quedaron superadas por cambios tecnológicos y administrativos. El relevamiento también incluye disposiciones comerciales y de etiquetado que impondrían obligaciones a los comercios, además de leyes declarativas, simbólicas o promocionales cuyos objetivos podrían haberse agotado o superponerse con otras normas.

El segundo proyecto, la Ley de Desregulación Bonaerense, propone revisar y reorganizar los registros creados mediante leyes, decretos y resoluciones. La iniciativa parte de un relevamiento de 279 registros provinciales y plantea utilizar herramientas de ciencia de datos e interoperabilidad para evitar que distintas dependencias soliciten reiteradamente información que ya está en poder del Estado.

Uno de los ejes de la propuesta es la creación de la Identidad Digital Bonaerense, una estructura destinada a integrar información que actualmente se encuentra distribuida entre distintos organismos públicos.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que los ciudadanos no deban presentar varias veces los mismos datos para completar trámites diferentes. La propuesta busca reducir la necesidad de inscripciones, certificados, constancias y otras gestiones administrativas.

El documento de trabajo identifica tres tipos de costos asociados al funcionamiento de registros separados. El primero es el económico: las tasas que deben pagar los ciudadanos para inscribirse, modificar datos o solicitar constancias. El segundo corresponde al tiempo y los gastos necesarios para reunir documentación, trasladarse, obtener certificados, pedir turnos o contratar gestores y profesionales. El tercero es el gasto público destinado al personal, los sistemas informáticos, la infraestructura, el mantenimiento y el archivo de cada registro.

La propuesta no plantea necesariamente eliminar la información que administran esos organismos, sino reorganizarla para que pueda ser consultada por distintas dependencias, dentro del marco legal correspondiente. El texto sostiene que la finalidad es evitar la duplicación de datos y mejorar su actualización y consistencia.

Sin embargo, el material difundido no detalla qué registros serían eliminados, cuáles se integrarían ni qué organismos quedarían a cargo del sistema. Tampoco precisa cuánto podría ahorrar la Provincia o qué reducción de tasas obtendrían los ciudadanos. Esos resultados dependerán del diseño definitivo y de la implementación de la reforma.

Menos gasto y presión tributaria, según LLA

El senador Matías De Urraza vinculó las iniciativas con la política tributaria que promueve su espacio. «Para poder bajar impuestos hay que bajar el gasto público y hay que achicar el Estado bonaerense», sostuvo al presentar los proyectos. Según el legislador, la reorganización permitiría una administración más ágil y reduciría costos.

Por su parte, el presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, afirmó que la intención es revisar normas y registros que hayan perdido su función o dupliquen información. El diputado Francisco Adorni, en tanto, planteó que la calidad de los servicios públicos, la carga impositiva y la transparencia del gasto deberían ser los criterios para evaluar el funcionamiento estatal.

Las iniciativas se inscriben en la agenda de desregulación de La Libertad Avanza, que busca reducir las obligaciones administrativas y revisar el tamaño y las funciones del Estado bonaerense. No obstante, su presentación no implica que las normas incluidas en el relevamiento vayan a derogarse de manera automática ni que los registros vayan a unificarse de inmediato.

Ambos proyectos deberán avanzar en el tratamiento legislativo. Si se aprueban, su alcance dependerá del texto definitivo, de las normas reglamentarias y de la forma en que se implemente la integración de la información pública.