El Gobierno nacional dispuso el pago de las reparaciones económicas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Brítez Arce y otros vs. Argentina». La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1255/2026, publicado el 26 de octubre.

Según la información difundida sobre la norma, el monto previsto asciende a US$234.000 e incluye distintos conceptos indemnizatorios y gastos contemplados en la sentencia internacional.

El caso fue resuelto por la Corte Interamericana el 16 de noviembre de 2022. El tribunal estableció la responsabilidad internacional de la Argentina y ordenó medidas de reparación.

El decreto dispone que las obligaciones económicas sean atendidas con créditos presupuestarios correspondientes a la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro.

El alcance del decreto

La decisión administrativa se refiere específicamente a las obligaciones económicas derivadas de la sentencia. No implica, por sí sola, que el pago ya se haya efectuado ni que todas las medidas ordenadas por la Corte estén cumplidas.

La sentencia internacional contempla reparaciones que deben analizarse en conjunto para evaluar el grado de cumplimiento del Estado argentino. Entre ellas se encuentran medidas económicas y otras obligaciones establecidas por el tribunal.

Para establecer el estado de cumplimiento integral del fallo es necesario consultar el texto de la sentencia y los antecedentes de supervisión de su ejecución.

El decreto constituye un paso administrativo vinculado con las reparaciones económicas del caso. La concreción del desembolso y el cumplimiento de las restantes obligaciones deben verificarse por separado.