La tercera etapa de los desagües pluviales de la cuenca del arroyo Duppy, en La Matanza, fue adjudicada tras meses de evaluaciones y cinco prórrogas de las ofertas. La resolución provincial condicionó la firma del contrato a una extensión del préstamo internacional, aunque no está confirmado si ese trámite se completó después de la publicación del acto.

El gobierno de Axel Kicillof adjudicó la tercera etapa de las obras de desagües pluviales de la cuenca del arroyo Duppy, en La Matanza, por más de $59.148 millones. Con los gastos de dirección e inspección y la reserva legal, el monto total previsto supera los $60.041 millones. Sin embargo, la resolución que formalizó la adjudicación estableció una condición para la firma del contrato: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debía aprobar una extensión de tres años de la vigencia del préstamo que financia el proyecto.

La medida quedó plasmada en la Resolución 279/2026 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense, publicada en octubre. La adjudicataria es una unión transitoria de empresas integrada por Eleprint S.A., Briales S.A. y TPS Constructora S.A. El plazo de ejecución previsto es de 720 días corridos.

La documentación oficial permite reconstruir las dificultades que atravesó el proceso. En marzo de 2026, la comisión evaluadora recomendó declarar fracasada la licitación porque las ofertas no cumplían determinados requisitos de calificación. El BID formuló observaciones y, tras nuevas evaluaciones y pedidos de precisiones, otorgó la no objeción a la adjudicación el 22 de septiembre.

El expediente también registra cinco prórrogas de la validez de las ofertas. La última, solicitada el 29 de septiembre, extendió esa vigencia hasta el 17 de noviembre. La secuencia muestra que el procedimiento se prolongó durante varios meses antes de llegar a la adjudicación.

Una adjudicación que no equivale al inicio de la obra

El proyecto contempla obras de desagües pluviales en la cuenca del arroyo Duppy, una intervención destinada a mejorar el escurrimiento del agua en una zona de La Matanza expuesta a problemas de anegamiento. El financiamiento previsto se distribuye entre un 80% de recursos del BID y un 20% de aporte local.

Pero la adjudicación administrativa no significa, por sí sola, que los trabajos hayan comenzado. La resolución provincial incorporó una condición expresa: antes de firmar el contrato debía aprobarse y tramitarse una extensión del préstamo 4427/OC-AR. El organismo internacional había advertido que el último desembolso contemplado en el programa tenía como fecha límite el 20 de diciembre de 2026, mientras que el plazo estimado de ejecución de la obra rondaba los tres años.

La resolución no permite confirmar si esa extensión fue aprobada después de su publicación. Por eso, no corresponde afirmar que el proyecto continúa detenido ni atribuir una eventual demora actual al Gobierno nacional, al BID o a la administración bonaerense sin verificar qué ocurrió con ese trámite.

El interrogante para la gestión provincial es concreto: cuándo se formalizará el contrato y en qué fecha podrán comenzar los trabajos. Después de un proceso licitatorio que atravesó observaciones, nuevas evaluaciones y prórrogas, la adjudicación representa un avance administrativo, pero el cumplimiento de la condición financiera resulta clave para pasar a la ejecución.

La oferta seleccionada y los criterios de evaluación

El expediente también detalla que la propuesta ganadora no era la de menor precio. La oferta de Centro Construcciones S.A. fue desestimada por no acreditar requisitos vinculados con la experiencia específica, el representante, el personal clave y la propuesta técnica.

Luego de evaluar la oferta de la UTE adjudicataria, los organismos provinciales intervinientes consideraron que era razonable y técnicamente sustentable. En consecuencia, el hecho de que otra empresa hubiera presentado un precio inferior no demuestra, por sí mismo, que la adjudicación haya sido irregular.

La cuestión central pasa por otro lado: asegurar que el procedimiento administrativo y financiero se complete, que el contrato se firme y que el cronograma de ejecución se cumpla. Para los vecinos afectados por los anegamientos, la diferencia entre una obra anunciada y una obra en marcha es sustancial.

El costo previsto supera los $60.000 millones y el plazo de ejecución es de dos años. La evaluación de la gestión provincial dependerá, por lo tanto, de resultados verificables: la formalización del contrato, el inicio de los trabajos y el avance efectivo de las intervenciones comprometidas.

Hasta que esos pasos se concreten, la adjudicación constituye una decisión relevante, pero no equivale a una solución terminada para los problemas hidráulicos de la cuenca.