El director de Gobierno de la Municipalidad de Chivilcoy, Hugo Kübler, expuso detalles acerca del proceso judicial incoado por la administración local con el propósito de recuperar el inmueble fabril donde operaba la firma Perchet, vinculada a Bicontinentar. En la misma intervención, el funcionario respondió a las objeciones formuladas por sectores políticos opositores sobre los términos del convenio rescindido y la situación de los exempleados.

Kübler aseveró que el Ejecutivo municipal promovió las actuaciones legales pertinentes para lograr la restitución efectiva de las instalaciones y aplicar la cláusula penal estipulada ante incumplimientos contractuales. En este sentido, desestimó las críticas vertidas por un concejal de La Libertad Avanza, a las que catalogó de formar parte de una campaña de desinformación basada en un profundo desconocimiento administrativo.

De acuerdo con el registro brindado por el municipio, el 14 de noviembre de 2025 se suscribió un acuerdo de rescisión y desocupación, el cual fue convalidado el 29 de diciembre de aquel año por una amplia mayoría de 14 ediles en el Concejo Deliberante. La compañía se había obligado formalmente a liberar el predio el 30 de abril de 2026, solicitando posteriormente una extensión temporal de treinta días que también devino incumplida.

Ante la inejecución del plazo, la Dirección de Asuntos Legales activó los mecanismos procesales, obteniendo una medida cautelar favorable y aguardando la instrumentación de las siguientes etapas formales. Respecto a los cuestionamientos por la condonación de penalidades a la firma, Kübler confirmó que dicha dispensa se instrumentó con el objetivo prioritario de facilitar el cobro de las indemnizaciones a los trabajadores cesanteados tras el cierre de la planta.

El funcionario municipal argumentó que, inicialmente, la gestión procuró resguardar las fuentes laborales, y que al tornarse inviable la continuidad operativa, el esfuerzo se reorientó a garantizar el resarcimiento económico del personal. Asimismo, atribuyó el cese de actividades al escenario macroeconómico y criticó la política de apertura importadora impulsada por la administración del presidente Javier Milei, reclamando mayor responsabilidad a los actores empresarios y políticos frente al perjuicio ocasionado al patrimonio comunal.