El gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves una nueva demostración de fuerza de las universidades públicas, uno de los sectores con los que mantiene un conflicto desde el inicio de su gestión y con el que todavía no consigue encauzar una solución. La quinta Marcha Federal Universitaria llegará después de sucesivos paros, protestas estudiantiles y fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente vetó y que el Congreso ratificó.

La movilización confluirá frente al Congreso, donde la oposición intentará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023. La coincidencia de ambas convocatorias amenaza con transformar el reclamo universitario en una jornada de mayor presión política sobre la Casa Rosada, que deberá afrontar las protestas mientras Milei se encuentre en Washington, donde tiene previstas actividades con empresarios y en la Embajada argentina.

A diferencia de otros conflictos sectoriales, la disputa por el financiamiento universitario excede la discusión salarial y presupuestaria. La defensa de la educación pública tiene un fuerte arraigo social y permite reunir a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones de distintas pertenencias políticas. Esa amplitud representa una dificultad para el Gobierno, que hasta ahora no consiguió desactivar las protestas ni cerrar la controversia con las universidades.

La tensión se profundizó durante la última semana, cuando los rectores trasladaron una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Cabildo de Buenos Aires para reclamar fondos, mientras representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno y exigieron respuestas de las autoridades educativas. La protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, después de una reunión frustrada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.