La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió un pronunciamiento institucional para solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación la aprobación del proyecto de ley que tipifica y sanciona el vandalismo rural en el Código Penal. El pedido de la entidad gremial se produjo luego de que un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería emitiera dictamen de mayoría este 6 de octubre con el respaldo de 41 de los 66 legisladores presentes.

A través de un comunicado, la organización empresaria instó a los representantes parlamentarios —con énfasis en las delegaciones de las provincias de Buenos Aires y La Pampa— a acompañar la iniciativa en el recinto de sesiones. Según expresó la entidad, la propuesta busca brindar un marco legal ante los daños registrados en establecimientos agrícolas y ganaderos, tales como la rotura de silobolsas, el corte de alambrados y la destrucción de cultivos, sistemas de riego e instalaciones energéticas.

En el aspecto técnico, la iniciativa parlamentaria contempla la creación del artículo 150 bis del Código Penal, el cual fija penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese sin autorización a un predio rural que cuente con delimitaciones físicas como cercos, tranqueras, muros o cartelería de restricción. Asimismo, el texto incorpora el artículo 184 bis, que establece penas de 2 a 8 años de cárcel y multas equivalentes a entre 3 y 12 veces el monto del perjuicio ocasionado cuando se destruyan o inhabiliten insumos, ganado, materias primas o infraestructura asociada al ciclo productivo.

Adicionalmente, el dictamen propone una modificación sobre el artículo 209 del Código Penal a fin de agravar las sanciones aplicables a la instigación pública para cometer delitos contra la propiedad rural cuando la difusión se concrete a través de medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales.

Desde CARBAP remarcaron que la seguridad en las zonas rurales debe abordarse como una política de Estado independiente de las discrepancias partidarias. Tras el dictamen obtenido en las comisiones de trabajo, la propuesta técnica quedó habilitada para su posterior inclusión en el orden del día y debate por parte del pleno de la Cámara baja.