El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata ordenó al Gobierno nacional informar sobre el estado y garantizar la conservación íntegra de toda la documentación referida a tierras rurales en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La medida judicial responde a una acción presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense con el objetivo de resguardar los antecedentes catastrales y dominiales recopilados durante la vigencia de la Ley de Tierras, norma derogada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

A partir del fallo dictado por la dependencia judicial platense, el Ministerio de Justicia de la Nación dispone de un plazo de cinco días para detallar la fecha de la última actualización de las bases de datos oficiales. Asimismo, el organismo nacional deberá certificar el resguardo de la totalidad de los registros, antecedentes y mapas de titularidad de inmuebles rurales reunidos a lo largo de los últimos 15 años bajo el régimen de control fiscalización previo.

En la fundamentación del reclamo, la Defensoría del Pueblo provincial advirtió que la derogación del marco normativo dejó sin efecto las restricciones al límite de propiedad de campos por parte de titulares extranjeros, así como los mecanismos administrativos de fiscalización. Según la presentación del organismo, la discontinuidad en la sistematización de estos registros compromete la soberanía territorial y el seguimiento ambiental en distritos con presencia de capitales internacionales, citando los casos de Campana y Zárate.

Por su parte, el tribunal consideró en la resolución que la eventual pérdida, alteración o falta de actualización de la información catastral generaría un perjuicio permanente para las facultades de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del Estado provincial. De este modo, la decisión judicial procura asegurar el acceso público a los datos históricos sobre la propiedad de la tierra rural en el ámbito bonaerense.

El requerimiento al Ministerio de Justicia nacional busca congelar el estado de los archivos y verificar si se mantuvieron las tareas de actualización desde la entrada en vigor del DNU 70/2023. Con esta resolución, la magistratura fijó un límite preventivo sobre la gestión del mapa de titularidad de inmuebles rurales en la provincia.