Una persona perteneciente al perfil de mayor patrimonio y consumo en la Argentina estará sujeta al pago de un piso de 43 tributos diferentes durante el año 2026. La cifra representa una disminución de tres gravámenes respecto a los 46 registrados durante el ejercicio 2025, según precisó el informe “Vademécum tributario argentino de personas humanas 2026”, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

De acuerdo con el estudio técnico, la baja interanual se fundamenta en la derogación de tres impuestos internos de jurisdicción nacional mediante la aplicación de la Ley 27.802. En el desglose para el perfil de altos ingresos bajo la condición de asalariado gravado por el Impuesto a las Ganancias, de los 43 tributos contabilizados, 22 corresponden al ámbito nacional, 8 a las arcas provinciales y 13 al nivel municipal.

El relevamiento de la entidad clasifica a los contribuyentes en tres esquemas según su nivel de gasto y tenencia de bienes. Para el segmento de consumo básico —que abarca 10 ítems masivos como alimentos, servicios públicos y conectividad— el piso se fijó en 21 tributos. Por su parte, el perfil medio alcanza los 34 tributos al incorporar vivienda, automóvil, seguros y consumos electrónicos, impulsado principalmente por la carga fiscal sobre la propiedad de inmuebles y vehículos.

El perfil alto reúne 20 consumos específicos al sumar un segundo vehículo, viajes en avión, hotelería y compras con el exterior. En términos de alcance general, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo como el único tributo que incide sobre la totalidad de los bienes y servicios, mientras que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) y el Impuesto al Cheque gravan a más del 90% de las operaciones.

Finalmente, el documento del IARAF remarcó que el 94% de la recaudación fiscal consolidada se concentra en apenas 10 tributos. No obstante, la entidad advirtió que la pervivencia de una masa fragmentada de gravámenes nacionales, provinciales y municipales genera una complejidad excesiva en el sistema, elevando los costos de administración y cumplimiento tanto para los contribuyentes como para las administraciones fiscales.