El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba para establecer si ocho direcciones de la criptomoneda bitcoin aportadas por Manuel Adorni permiten fundamentar la procedencia de 591.544 dólares declarados bajo el concepto de venta de activos. La causa, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete, busca corroborar si el exfuncionario administró efectivamente esas billeteras virtuales entre los años 2014 y 2018, lapso en el que se asentaron las transacciones en la red.

En el marco de la pesquisa, el Ministerio Público Fiscal libró un requerimiento de 29 puntos dirigido al Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. El cuestionario pericial tiene como propósito reconstruir los flujos de fondos, evaluar la factibilidad técnica de identificar a los ordenantes de las transferencias y contrastar el alcance normativo y documental de los elementos probatorios agregados al expediente por la representación letrada de la defensa.

Las pericias informáticas se suman a los requerimientos sobre el perfil patrimonial dictados la semana anterior, enfocados en reconstruir los ingresos laborales de Adorni y de su cónyuge, Bettina Angeletti. A partir del análisis de las percepciones registradas, la representación fiscal procura determinar si la sociedad conyugal contaba con capacidad de ahorro suficiente para iniciar los desembolsos en criptoactivos declarados como origen del patrimonio sometido a examen judicial.

Durante una diligencia concretada en la sede fiscal de Comodoro Py, técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal comprobaron la disponibilidad actual de las claves privadas mediante la firma de un mensaje de desafío redactado en el acto. Si bien la prueba ratificó la posesión de los accesos por parte de la defensa, el procedimiento no permitió constatar la antigüedad de la tenencia ni la identidad de quien operó las cuentas durante el período auditado, en el que se habrían concretado ocho operaciones presenciales en efectivo.

Entre los aspectos bajo análisis, la fiscalía requirió información sobre 41 movimientos asentados en la cadena de bloques entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018, momento en que las cuentas quedaron sin saldo. La pericia intentará dilucidar si las billeteras eran de autocustodia o pertenecían a plataformas con registro de clientes, además de precisar la trazabilidad del capital inicial ingresado en 2014 a cinco de las direcciones investigadas.