El Gobierno nacional rechazó hoy las críticas emitidas por Gran Bretaña respecto al procedimiento de arbitraje internacional impulsado por la Argentina ante la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas. Mediante un comunicado oficial emitido por la Cancillería, el Palacio San Martín cuestionó que Londres caracterizara el recurso argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como un intento de socavar derechos, afirmando que recurrir a un tribunal imparcial constituye un mecanismo legítimo y pacífico.

La respuesta oficial se produjo luego de que Gran Bretaña objetara la decisión del Ejecutivo argentino —instruida el pasado 28 de septiembre a los equipos jurídicos de Cancillería— de iniciar acciones de arbitraje para frenar los trabajos en la Cuenca Malvinas Norte, enfocados en el proyecto Sea Lion. Al respecto, el documento remarcó que tanto la Argentina como el Reino Unido son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificar dicho tratado, aceptaron formalmente los mecanismos previstos para la solución de controversias.

El comunicado respondió también a las declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió la legalidad de las actividades hidrocarburíferas en la zona. La Cancillería sostuvo que el recurso al arbitraje busca preservar los derechos sobre los recursos naturales del país y señaló que, si Londres considera que sus acciones se ajustan al derecho internacional, podrá presentar su postura ante los árbitros independientes que intervengan en el proceso.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que la comunidad internacional reconoce formalmente la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En ese sentido, citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a ambas naciones a negociar una solución pacífica, y advirtió que la exploración unilateral de recursos altera la situación del área en litigio.

Finalmente, el Palacio San Martín rechazó la aplicación del principio de libre determinación para la población de las islas, fundamentando que las Naciones Unidas no han aplicado dicho criterio a la cuestión Malvinas. La Cancillería concluyó reafirmando la disposición permanente del país a reanudar las negociaciones bilaterales y ratificó que continuará con la defensa de sus derechos soberanos a través del diálogo, la diplomacia y el derecho internacional.