El conflicto diplomático entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno argentino denunciara la realización de vuelos ilegales entre el archipiélago y la ciudad chilena de Punta Arenas. Las operaciones fueron realizadas por la empresa Thales UK Limited con una aeronave de matrícula británica y sin contar con la autorización de las autoridades nacionales. Ante este hecho, el presidente Javier Milei instruyó a los equipos de Gobierno a iniciar de forma urgente denuncias penales, procedimientos sancionatorios y las gestiones diplomáticas correspondientes.
En paralelo, a través de un mensaje en la red social X y un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, el mandatario confirmó que ordenó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos iniciar el procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La medida busca frenar la explotación unilateral de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el denominado proyecto Sea Lion, así como evitar el otorgamiento de nuevos permisos en la Plataforma Continental Argentina.
"Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras", aseveró el jefe de Estado, remarcando que la explotación unilateral de recursos viola el derecho internacional y genera un perjuicio irreversible sobre los derechos soberanos del país.
La presentación argentina incluye una intimación directa a Londres para que en un plazo de 14 días adopte las medidas necesarias para frenar o impedir la continuación de estas actividades extractivas.
De no cumplirse el requerimiento en el período fijado, las acciones del Gobierno contemplan las siguientes instancias:
Tribunal Internacional: La República Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que preserven los derechos sobre la Plataforma Continental.
Respuesta diplomática: La Casa Rosada expresó su "rechazo categórico" a la contestación del Reino Unido tras el discurso de Milei en la Asamblea General de la ONU, reafirmando que la denominación como "Territorio Británico de Ultramar" y el referéndum de 2013 no alteran la controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
Desde la Presidencia ratificaron que el país agotará las herramientas diplomáticas, jurídicas y administrativas disponibles para defender la soberanía del archipiélago y evitar cualquier medida que agrave el diferendo.