El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027, elaborado bajo premisas macroeconómicas exigentes y con una regla fiscal estricta de superávit o equilibrio financiero. Según el Informe Ejecutivo difundido por la consultora Zentrix y firmado por el Lic. Claudio D. Montiel, la iniciativa estipula un crecimiento del PBI del 4,0% para 2027 (frente al 3,0% estimado para 2026), una inflación promedio del 21,1% anual (18,0% interanual de diciembre a diciembre) y un tipo de cambio oficial proyectado en $1.847,6 para fin de período.

El presupuesto fija el gasto total de la Administración Nacional en $202,1 billones, lo que representa una suba real del 3,4% frente al crédito vigente de 2026. Por el lado de los ingresos, los recursos totales alcanzan $202,35 billones (-10,1% real), debido a que en 2026 se registraron ingresos extraordinarios por $25,5 billones (utilidades del BCRA y privatización de centrales hidroeléctricas). Sin contemplar esos fondos por única vez, la recaudación genuina se incrementaría un 4,1% real, apoyada principalmente en el impuesto a las Ganancias, el IVA y los combustibles.

El saldo financiero proyectado para el Sector Público Nacional apenas alcanza un superávit del 0,2% del PBI, mientras que en la Administración Nacional se ubica en $0,25 billones, un margen prácticamente nulo para absorber desvíos de recaudación o shocks de actividad.

El reporte de Zentrix subraya que el 68,6% del gasto total se encuentra comprometido en partidas rígidas (jubilaciones, salarios públicos e intereses de deuda). En particular, las prestaciones de la Seguridad Social aumentan 7,0% real e explican el 55% de la suba global del gasto, impulsadas por el rezago de la fórmula de movilidad en un contexto de desaceleración inflacionaria.

Entre los puntos más controvertidos del articulado se destacan modificaciones a leyes permanentes:

• AUH y Asignaciones (Art. 17): Se propone derogar la movilidad automática de la Ley 27.160, dejando los ajustes a discreción del Poder Ejecutivo.

• Discapacidad (Arts. 36 a 41): Establece la incompatibilidad de las pensiones por invalidez con el empleo formal y elimina la actualización mensual universal para prestadores.

• Universidades (Art. 12): Asigna $7,35 billones, situándose un 12,3% en términos reales por debajo de los niveles de 2023 y sin aplicar lo dispuesto en la Ley 27.795.

Respecto al vínculo con las provincias, los envíos automáticos por coparticipación prevén una suba del 7,0% real, mientras que las transferencias discrecionales presupuestarias caen un 2,1% y los fondos destinados a obra pública en jurisdicciones provinciales sufren un recorte del 20,1% real. Además, el proyecto faculta al Ejecutivo y a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas y administrar más de $7,68 billones fijados en la caja del Tesoro sin un destino expresamente tipificado.