El deterioro del poder adquisitivo y el impacto de la crisis económica derivaron en un acelerado incremento del incumplimiento crediticio en la Argentina. De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado con datos del Banco Central (BCRA) a julio, la cantidad de deudores clasificados como "irrecuperables" (Situación 5, con atrasos superiores a un año) registró un aumento del 60% en los últimos doce meses, alcanzando a 3,4 millones de personas.

En términos generales, el reporte detalla que 5,6 millones de personas registran algún tipo de mora de tres meses o más. Esta cifra equivale al 26,9% del total de deudores del país y representa al 15,9% de la población mayor de 18 años. En el último año se incorporaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos, por lo que más de uno de cada cuatro tomadores de crédito presenta incumplimientos en sus compromisos.

A diferencia de otros contextos de crisis caracterizados por el default de grandes empresas, el sobreendeudamiento actual se concentra en montos bajos. La mitad de las personas en Situación 5 mantiene deudas acumuladas por un monto igual o inferior a $77.900, lo que refleja la imposibilidad de cancelar consumos cotidianos y saldos mínimos. La morosidad impacta fundamentalmente fuera del sistema bancario tradicional, liderada por las casas de electrodomésticos (54%) y cadenas comerciales (28,7%).

Impacto por franja etaria, provincias y debate parlamentario

En el desglose por edades, los jóvenes de entre 15 y 29 años registran el nivel más alto de incumplimiento, con un 38,1%. En el mapa territorial, la problemática muestra sus mayores índices en las provincias de La Rioja (26%), Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%), San Juan (22,1%) y Catamarca (22,1%). Los analistas atribuyen este fenómeno a la contracción sostenida del salario real en el sector público y privado, sumada a las elevadas tasas de interés para créditos de consumo.

Ante la gravedad del panorama, el Congreso de la Nación aceleró la discusión sobre el endeudamiento de los hogares. Entre 2025 y 2026 se acumularon más de 50 propuestas parlamentarias orientadas a mitigar esta situación. Las comisiones de Derecho al Consumidor y Finanzas de la Cámara de Diputados fijaron como fecha clave el 29 de septiembre de 2026 para avanzar en la unificación de los despachos de oficialismo y oposición.