La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires elevó de manera formal un pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La medida disciplinaria responde a la decisión tomada por la magistrada días atrás, cuando resolvió dejar sin efecto y de manera general en toda la Provincia la aplicación de la Ley nacional 27.801, sancionada por el Congreso de la Nación.

El escrito fue radicado por el diputado nacional y vicepresidente de LLA PBA, Alejandro Carrancio, quien fundamentó la denuncia en que la jueza actuó fuera de la órbita de sus atribuciones. Según plantea el documento, al dictar una suspensión con alcance territorial amplio y no circunscrita a un caso individual, Pascual terminó interfiriendo en facultades exclusivas del Poder Legislativo.

El cuestionamiento institucional apunta a que una magistrada de primera instancia frenó el cumplimiento de una ley nacional vigente antes de contar con los elementos técnicos e informativos suficientes para fundar una resolución de tal envergadura. Asimismo, desde el espacio político advirtieron que la jueza trasladó a toda la Provincia una problemática focalizada en el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, omitiendo que aún restaban definir planteos sobre su propia competencia en la causa.

Revés judicial y pedido de apartamiento

El dictamen dictado por Pascual ya fue dejado sin efecto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora. Al revocar la medida, la alzada dejó asentado —en coincidencia con lo remarcado en la denuncia— que los magistrados no poseen la facultad de suspender leyes de alcance general dictadas por el Poder Legislativo sin quebrantar el principio republicano de división de poderes.

Para la conducción provincial de La Libertad Avanza, el accionar de la magistrada no se agota en un contrapunto procesal o doctrinario, sino que erosiona una norma básica de la arquitectura institucional: la obligación de las bancadas judiciales de aplicar el marco legal sin arrogarse potestades legislativas ni bloquear leyes de alcance nacional.

En función de estos argumentos, la presentación solicita de manera explícita que el Jurado de Enjuiciamiento evalúe el desempeño de la jueza Marta Pascual y disponga su apartamiento preventivo del cargo mientras se tramita el expediente disciplinario.