La Libertad Avanza volvió a poner la lupa sobre el manejo de los recursos públicos en la provincia de Buenos Aires. El bloque libertario del Senado presentó un proyecto de ley del senador Diego Valenzuela que propone crear un Portal de Transparencia Activa y Datos Abiertos, con la intención de concentrar en un único sitio información que hoy se encuentra distribuida entre distintos organismos y dependencias del Estado.

La iniciativa busca cambiar, además, la lógica de acceso a la información pública: en lugar de que el ciudadano tenga que pedir determinados datos para obtenerlos, establece que los organismos alcanzados deberán publicarlos de manera sistemática y mantenerlos actualizados.

El proyecto define como principio general la presunción de publicidad de la información que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen, controlen o custodien, salvo las excepciones previstas expresamente. También establece que los datos deberán difundirse en formatos abiertos, accesibles y reutilizables.

El alcance de la propuesta es amplio. Comprende al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos de la Constitución, empresas y sociedades con participación estatal, fideicomisos financiados con recursos provinciales y también concesionarias, contratistas y personas o entidades que administren fondos públicos, aunque sean privadas, en lo referido a esos recursos.

Entre la información que el proyecto pretende convertir en publicación obligatoria aparecen la estructura y funcionamiento de cada organismo, la nómina de personal y sus remuneraciones, el presupuesto asignado y ejecutado, las transferencias, licitaciones, concursos, compras y obras públicas, además de subsidios, beneficios y declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios obligados a presentarlas.

Para el Poder Ejecutivo, la propuesta agrega información sobre la agenda institucional del gobernador y otros funcionarios, audiencias de gestión de intereses, viajes oficiales financiados con fondos públicos, decretos, programas y políticas públicas e informes de gestión y evaluación de resultados.

El capítulo fiscal es uno de los puntos centrales. El proyecto establece que debería difundirse la ejecución presupuestaria con un nivel de detalle que permita identificar jurisdicción, organismo, programa, actividad, partida y fuente de financiamiento, además de crédito vigente, compromisos, devengado, pagado y saldo disponible. También contempla información sobre recaudación, deuda pública y transferencias a los municipios.

Una sola puerta de entrada

La principal novedad de la iniciativa está en la creación del portal único. El texto sostiene que la información debería dejar de depender de sitios institucionales aislados y propone un sistema común de publicación y búsqueda.

El portal tendría que permitir localizar información por organismo, tema, tipo de documento, fecha y palabras clave. Además, los datos deberían estar disponibles en formatos digitales abiertos, interoperables y legibles por máquinas, de modo que puedan descargarse, procesarse y reutilizarse.

El proyecto también fija plazos concretos. La información vinculada con actos administrativos o modificaciones institucionales debería publicarse dentro de los 30 días hábiles; la información periódica, dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del período correspondiente. La nómina de personal tendría que actualizarse, como máximo, cada seis meses.

Responsables y reclamos

La propuesta no se limita a establecer obligaciones de publicación. También crea una estructura específica para controlar su cumplimiento.

El Poder Ejecutivo debería designar una autoridad de aplicación encargada de administrar el portal, supervisar las obligaciones de transparencia, resolver reclamos y elaborar anualmente un informe sobre el nivel de cumplimiento de cada organismo.

A su vez, cada sujeto obligado tendría que contar con un Responsable de Transparencia, cuya función sería coordinar dentro de cada organismo la publicación y actualización de la información y actuar como vínculo con la autoridad de aplicación.

Cualquier persona podría presentar gratuitamente un reclamo cuando considere que un organismo incumplió las obligaciones establecidas. El proyecto fija un plazo de hasta 30 días hábiles para resolver esos planteos.

También contempla consecuencias ante incumplimientos injustificados, que incluyen apercibimientos, intimaciones, publicación del incumplimiento y comunicación a la máxima autoridad del organismo para que evalúe las actuaciones disciplinarias correspondientes.

El argumento de Valenzuela

Durante la presentación, Valenzuela sostuvo que el problema no pasa solamente por la existencia de información pública, sino por la dificultad para acceder a ella.

“La Provincia tiene alta presión tributaria, mucha burocracia, alto endeudamiento, baja inversión, déficit estructural y déficit en sus empresas públicas. Y esos datos son del ciudadano, deben estar a su disposición en una plataforma abierta”, afirmó el senador, según el comunicado difundido por el bloque.

El autor de la iniciativa también planteó que la información fiscal y de gestión suele conocerse a partir de la Cuenta General y consideró insuficiente ese mecanismo para garantizar un seguimiento permanente de la administración.

El proyecto, en sus fundamentos, cuestiona precisamente el esquema vigente y sostiene que la Ley 12.475, sancionada hace más de 25 años, quedó desactualizada frente a los estándares actuales de gobierno abierto. Según argumenta Valenzuela, la normativa no establece un verdadero régimen de transparencia activa, carece de estándares uniformes de actualización y no concentra la información en un sistema único.

La propuesta establece, además, un período de adecuación. El Poder Ejecutivo tendría 90 días para reglamentar la ley y cada organismo debería presentar un plan para cumplir progresivamente con las nuevas obligaciones; ese proceso tendría que completarse dentro de los 12 meses posteriores a la publicación de la reglamentación.

Desde el bloque que conduce Carlos Curestis presentan la iniciativa como una herramienta para ampliar el control ciudadano sobre el Estado. La discusión legislativa deberá determinar ahora si el proyecto consigue avanzar y qué alcance tendrá finalmente el régimen de transparencia que propone para la administración bonaerense.