Las personas mayores en Argentina constituyen un colectivo de más de 7,4 millones de habitantes (el 16,2% de la población total según el Censo 2022). Sin embargo, enfrentan un complejo y contradictorio escenario financiero: mientras el sistema bancario tradicional les impone trabas para acceder a créditos de largo plazo, el mercado las empuja hacia préstamos digitales de alto costo y las deja expuestas a ciberdelitos.

Así lo advirtió la abogada Malena Garré, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, quien señala que esta combinación de factores vulnera la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores —con jerarquía constitucional en el país—, la cual exige prevenir la discriminación y garantizar la dignidad y autonomía de este sector.

Discriminación por edad en los créditos hipotecarios

El primer obstáculo radica en las barreras indirectas del sistema bancario tradicional. Muchas entidades fijan límites estrictos de edad: otorgan préstamos con un tope de 65 años al momento del pedido y exigen que la deuda esté saldada antes de los 75 años.

Bajo esta regla, una persona de 65 años solo puede acceder a un crédito hipotecario a 10 años, lo que genera cuotas mensuales desproporcionadamente altas y clausura el acceso a la vivienda propia. "La edad no puede convertirse por sí sola en sinónimo de insolvencia", remarcó Garré, quien enfatizó que la capacidad de pago debe evaluarse en función de ingresos previsionales estables, patrimonio y antecedentes crediticios, tal como lo establecen las normas del Banco Central y el Código Civil y Comercial.

Deudas caras y violencia económica

La paradoja del sistema es evidente: mientras se rechaza a las personas mayores para financiar una vivienda, se las bombardedea con ofertas de préstamos personales digitales de acreditación inmediata pero con costos financieros desorbitados. "Se las considera demasiado riesgosas para financiar una vivienda, pero suficientemente aptas para asumir deudas más caras y potencialmente más difíciles de pagar", sintetizó la especialista.

Un relevamiento del Banco Central citado por la docente reveló que el 77% de las fintech de préstamos ofrecía Costos Financieros Totales (CFT) superiores al 150% anual, e incluso en más de la mitad de los casos las tasas rebasaban el 400% anual. Según los especialistas, restringir herramientas de patrimonio y promover productos tan onerosos puede configurar una forma de violencia económica o patrimonial.

Brecha digital y desprotección ante ciberestafas

A la vulnerabilidad crediticia se le suma la inseguridad en el entorno virtual. Según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), en 2024 se registraron 34.468 denuncias por delitos informáticos (un 21,1% más que el año anterior), de los cuales el 63% correspondieron a fraudes en línea.

Si bien las estadísticas oficiales no suelen segmentar por edad, un estudio privado de la consultora BTR Consulting difundido en 2026 arrojó cifras alarmantes: el 89% de los adultos mayores consultados estuvo expuesto a un intento de fraude digital y el 78% recibió pedidos de claves personales o códigos de verificación.

Frente a esta situación, Garré cuestionó la habitual postura de culpar a la víctima cuando entrega una clave bajo engaño. "La digitalización no puede trasladar todos sus riesgos al eslabón más débil", afirmó, recordando que los bancos y plataformas tienen deberes de seguridad e información que cumplir.

Para revertir esta problemática, la especialista propuso implementar sistemas inteligentes que detecten comportamientos inusuales en las cuentas (por montos, horarios o dispositivos no habituales), acompañados por alertas en lenguaje claro, demoras preventivas en las transferencias y la garantía de atención humana inmediata. La urgencia es mayor al considerar la brecha tecnológica: aunque el uso de celulares alcanza al 93,7% entre los 60 y 74 años, la conectividad cae al 78,8% en mayores de 75 años, acentuando su exclusión del sistema.