La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires formalizó el pedido de juicio político contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a raíz de la resolución mediante la cual había suspendido en todo el territorio bonaerense la aplicación de la Ley nacional 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La presentación fue realizada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de LLA PBA, ante el Jurado de Enjuiciamiento y plantea que la magistrada habría excedido los límites de su función al disponer una medida de alcance general sobre una norma sancionada por el Congreso Nacional.

El cuestionamiento del espacio libertario se concentra en el alcance de aquella decisión. Según sostiene la denuncia, Pascual no se habría limitado a resolver sobre una situación particular, sino que extendió los efectos de la cautelar a todo el territorio bonaerense, interfiriendo de ese modo —de acuerdo con el planteo— con una atribución propia del Poder Legislativo.

La presentación también cuestiona que la suspensión haya alcanzado a toda la Provincia a partir de una situación vinculada principalmente con el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora. En ese sentido, el escrito plantea que todavía existían aspectos pendientes respecto de la competencia de la propia magistrada para continuar interviniendo en el expediente.

El antecedente de la Cámara

El planteo de LLA se produce después de que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocara la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia.

La resolución de la Cámara dejó sin efecto la suspensión preventiva dispuesta por Pascual y también ordenó revisar la competencia de la jueza de primera instancia para continuar interviniendo en la acción de hábeas corpus que había dado origen a la medida.

Ese antecedente ocupa un lugar central en el argumento de los libertarios. La denuncia sostiene que el pronunciamiento de la Cámara respaldó el cuestionamiento al alcance de la resolución original y plantea que un magistrado no puede suspender con carácter general una ley sancionada por el Congreso.

Para LLA, el episodio no se reduce a una controversia sobre la aplicación del régimen penal para menores, sino que involucra una discusión institucional sobre la división de poderes y los límites de la actuación judicial.

El pedido de enjuiciamiento busca ahora que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires analice la conducta de Pascual y determine si corresponde avanzar con un proceso de remoción. La presentación también solicita evaluar su apartamiento preventivo mientras se sustancia el trámite.