El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó este jueves la nueva ley orientada a garantizar los derechos de las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. La normativa define como destinatarios a quienes habitan en la vía pública de forma transitoria o permanente, así como a aquellos sectores vulnerables que enfrentan procesos de desalojo, egresos de instituciones sin solución habitacional o residen en asentamientos precarios y en condiciones de hacinamiento. La Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle actuará como autoridad de aplicación del nuevo esquema integral.

Entre los instrumentos principales dispuestos por la norma destaca la creación de la Red Provincial de Centros de Integración Social, conformada por establecimientos provinciales y municipales de acceso voluntario y continuo durante todo el año. En dichos espacios se ofrecerá alojamiento, alimentación, higiene, atención primaria de salud, capacitación laboral y actividades terapéuticas. Asimismo, se pondrá en marcha un Sistema Provincial de Atención Telefónica gratuito y un Servicio Móvil de Atención Social equipado con profesionales para intervenir en emergencias habitacionales, brindar alimentos, vestimenta y asistencia médica.

El marco legal garantiza además el acceso gratuito a la tramitación de partidas de nacimiento y documentos de identidad en coordinación con el Registro Provincial de las Personas, junto con la asignación de una referencia postal administrativa para la recepción de correspondencia y gestiones. La ley establece de manera explícita que no podrá denegarse la atención por falta de DNI, prohíbe acciones de discriminación o estigmatización y dispone que deberán agotarse todas las medidas asistenciales antes de recurrir a la fuerza pública.

Para la ejecución de las políticas, el régimen contempla la integración de una Comisión Interministerial con áreas de Salud, Hábitat, Trabajo y Mujeres, posibilitando la firma de convenios con los municipios, organizaciones sociales y cultos religiosos. Con la puesta en marcha de esta reglamentación, queda derogada formalmente la Ley 13.956 sancionada en el año 2009 y cualquier disposición que se oponga al nuevo texto normativo.