La discusión por la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil sumó este martes un nuevo capítulo judicial. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora resolvió hacer lugar al recurso de apelación y revocar la medida cautelar dictada el 7 de septiembre por la jueza Marta Elba Pascual, que había dispuesto suspender durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.

La resolución corresponde al expediente “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus – Corpus Preventivo Colectivo” y lleva fecha del 15 de septiembre. Además de dejar sin efecto la suspensión, la Cámara dispuso que la jueza de origen revise su competencia para continuar interviniendo en la acción de hábeas corpus.

La decisión fue celebrada por La Libertad Avanza bonaerense, que había cuestionado públicamente la resolución de Pascual y presentado un pedido de juicio político contra la magistrada.

“Lo dijimos apenas salió el fallo y no estábamos equivocados. Una sola jueza no puede suspender una ley aprobada por el Congreso de la Nación y demandada por la sociedad argentina. Hoy la Cámara nos dio la razón”, sostuvo el presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja.

El dirigente vinculó el fallo con la discusión política que atraviesa la implementación del nuevo esquema y cuestionó lo que definió como una posición “garantista”. “Esta decisión de la Justicia bonaerense también demuestra que no es sano hacer lo que el garantismo bonaerense quiere: llevar las instituciones y el marco normativo al límite, con tal de impedir una política criminal que pone a las víctimas primero y hace responsables a quienes delinquen”, afirmó.

Pareja también sostuvo que el cambio de régimen forma parte de una disputa más amplia sobre la política criminal. “Lo que antes podía pasar sin consecuencias, hoy ya no pasa. La batalla cultural está dando frutos en la economía, pero también empieza a verse en materia penal”, señaló.

El reclamo al Gobierno bonaerense

Con la medida cautelar revocada, desde el bloque libertario trasladaron ahora el foco hacia la administración de Axel Kicillof. El titular de la bancada de LLA en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, sostuvo que el gobernador contó con tiempo para preparar la implementación del nuevo régimen.

“La seguridad de los bonaerenses tiene que ser prioridad. Kicillof tuvo 180 días para prepararse: que deje de buscar excusas y garantice los recursos, los dispositivos y los equipos necesarios para que el nuevo régimen funcione”, afirmó.

Curestis agregó que “las víctimas no pueden seguir esperando mientras el Gobierno provincial mira para otro lado” y cerró con una definición que forma parte del discurso habitual del espacio sobre seguridad: “La Argentina de la impunidad se terminó: el que las hace, las paga”.

En la misma línea, el presidente del bloque de Diputados de LLA PBA, Juanes Osaba, cuestionó la decisión original de suspender la norma y destacó el nuevo pronunciamiento de la Cámara.

“Era inadmisible que un fallo de carácter político como el de la jueza Pascual suspendiera la ley penal juvenil, dándole la espalda a las víctimas y protegiendo a los delincuentes a través del garantismo”, sostuvo Osaba.

El diputado concluyó que la resolución de la Cámara de Lomas de Zamora vuelve a poner en vigencia la aplicación de la norma y remarcó: “Acá no hay argumento que sirva: el régimen penal juvenil es una ley aprobada por el Congreso Nacional”.

La resolución judicial, en sus términos concretos, revoca la suspensión preventiva por 60 días de la aplicación de la Ley 27.801 que había dispuesto el 7 de septiembre y ordena revisar la competencia de la jueza que intervino originalmente en el hábeas corpus.