La Libertad Avanza volvió a poner la inseguridad en el centro de la agenda bonaerense y pidió que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, comparezca ante el Senado provincial para explicar qué está haciendo el Gobierno de Axel Kicillof frente al escenario de violencia que atraviesa el conurbano.

El planteo fue formalizado por legisladores libertarios de ambas Cámaras y busca que el funcionario brinde un informe in voce, es decir, de manera presencial y ante los senadores. La iniciativa sostiene que la gravedad y actualidad de la situación requieren un intercambio directo entre el responsable del área y el Poder Legislativo.

El pedido se produce después de varios episodios violentos registrados durante las últimas semanas. Entre los casos recientes se encuentra el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, en José C. Paz, durante un robo de su motocicleta. El hecho derivó incluso en un reclamo de autoridades municipales al gobernador para reforzar la presencia policial en el distrito.

A esto se sumó esta semana un tiroteo en las inmediaciones de un colegio de El Palomar, donde un comisario mayor retirado resultó herido durante un intento de robo a padres que llevaban a sus hijos al establecimiento. El episodio provocó además una marcha de vecinos que reclamaron medidas de seguridad frente al domicilio del intendente de Morón.

Qué quiere saber LLA

El proyecto presentado por el jefe del bloque de senadores, Carlos Curestis, solicita que Alonso explique cuál es el estado real de la seguridad bonaerense y cuáles son los recursos humanos y materiales disponibles para enfrentar el delito. Entre los puntos incluidos aparecen las estadísticas oficiales de delitos contra la propiedad y las personas, homicidios dolosos y homicidios en ocasión de robo correspondientes a 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026.

Los legisladores también quieren conocer cómo está distribuida la Policía Bonaerense en los municipios, cuántos efectivos y patrulleros se encuentran operativos y cuál es el estado de los sistemas de videovigilancia y monitoreo. A su vez, reclaman información sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad y la coordinación existente entre Provincia, Nación y municipios.

Otro de los ejes del cuestionario apunta al narcotráfico y las organizaciones criminales en los distritos con mayores índices delictivos del conurbano, así como a las investigaciones y medidas de desarticulación actualmente en curso.

El pedido también incorpora la reciente suspensión judicial de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y solicita conocer qué impacto tuvo esa decisión sobre la política de seguridad provincial y qué medidas alternativas adoptó o proyecta el Ministerio.

Patrulleros, chalecos y bajas policiales

La presentación pone especial énfasis en las condiciones en las que trabaja actualmente la Policía Bonaerense. El proyecto reclama datos sobre la infraestructura de comisarías y destacamentos, la cantidad de móviles operativos, aquellos que se encuentran fuera de servicio o en reparación y el plan de renovación de la flota.

También pide información sobre la cobertura de chalecos antibalas y la provisión y existencia de municiones autorizadas para el uso de la fuerza.

Uno de los datos más relevantes incluidos en los fundamentos del proyecto es el crecimiento de las bajas voluntarias de policías: según la información consignada por los legisladores, fueron 716 en 2024, 1.082 en 2025 y 1.785 hasta agosto de 2026. LLA reclama que el Ministerio explique las causas de esa evolución y qué medidas prevé para revertirla.

El cuestionario también solicita conocer si existe un plan específico para enfrentar el incremento de los delitos violentos en el conurbano, con objetivos, plazos, recursos, distritos priorizados y mecanismos para evaluar sus resultados.

El dato de homicidios en ocasión de robo

En los fundamentos, el proyecto cita información de la Procuración General bonaerense según la cual la tasa de homicidios en ocasión de robo aumentó 12,9% en 2025 respecto del año anterior. También menciona la preocupación de vecinos del oeste y sur del conurbano por la inseguridad y la concentración de los delitos contra la propiedad dentro de las causas penales iniciadas en territorio bonaerense.

Al mismo tiempo, el documento advierte que existe una disputa entre los distintos niveles de gobierno respecto de las causas y responsabilidades por la crisis de seguridad metropolitana. Según los fundamentos, esa discusión sobre recursos, coordinación de fuerzas federales y provinciales y fondos destinados a seguridad no aporta certezas sobre las medidas concretas que se están tomando.

El reclamo libertario llega, además, en un momento de fuerte discusión política sobre la inseguridad. Este jueves, después del crimen de José C. Paz y del tiroteo ocurrido en El Palomar, Kicillof cuestionó al Gobierno nacional y afirmó que la Provincia había quedado sin acompañamiento en materia de seguridad.

Desde LLA, en cambio, buscan llevar la discusión al ámbito legislativo provincial y que sea el propio ministro quien exponga ante los senadores.

“Los vecinos necesitan seguridad, no discursos”, sostuvo Curestis, quien reclamó que Alonso concurra al Senado para explicar qué está haciendo la administración bonaerense.

En tanto, el titular de LLA PBA, Sebastián Pareja, cuestionó la falta de información oficial sobre personal, patrullajes y mapa del delito y sostuvo que el ministro debe “dar explicaciones” frente a la situación que atraviesa el conurbano.

El proyecto deja planteado, en definitiva, un pedido concreto: que el Gobierno bonaerense presente ante la Legislatura datos actualizados sobre el delito, recursos disponibles y un plan de acción verificable frente a la escalada de hechos violentos que volvió a colocar a la seguridad como una de las principales preocupaciones en el conurbano.