La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires confirmó que iniciará un proceso de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tras su resolución de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida judicial, dictada a pocas horas de la puesta en marcha de la norma, generó una inmediata reacción en las filas del oficialismo nacional, que acusó a la magistrada de vulnerar una ley aprobada por el Congreso de la Nación y de consolidar un escenario de indefensión para las víctimas de delitos cometidos por menores.

El presidente de la fuerza en el territorio bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, encabeza las reuniones con los equipos técnicos y legislativos para articular el mecanismo formal de destitución. Durante sus declaraciones, el dirigente sostuvo que la decisión obedece a intereses político-partidarios alineados con el Ejecutivo provincial y cuestionó que se intente frenar por vía judicial una reforma democrática demandada por la sociedad. En ese sentido, comparó el criterio del fallo con las excusas utilizadas durante la pandemia para disponer la liberación de reclusos y aseguró que el fuero judicial bonaerense responde a un modelo que prioriza la protección de los delincuentes sobre las garantías de la ciudadanía.

La estrategia del espacio libertario cuenta con el respaldo de las bancadas opositoras en la Legislatura provincial. El presidente del bloque de Senadores, Carlos Curestis, se sumó a las críticas al remarcar que la suspensión deja en evidencia una postura de subordinación al gobierno de Axel Kicillof y profundiza la impunidad en el conurbano. Por su parte, el titular del bloque de Diputados bonaerenses de LLA, Juan Osaba, calificó la sentencia como un fallo de índole estrictamente político e inadmisible, reafirmando que no existen fundamentos válidos para dejar sin efecto una norma nacional de fondo expedida por el Poder Legislativo.