El juez Raúl Dalto, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, quedó en el centro de un proceso disciplinario que avanzaba ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. En las últimas horas se dio a conocer que presentó la renuncia al cargo.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense había resuelto otorgarle una licencia obligatoria por 90 días, mediante la Resolución N° 2599/2026, registrada el 2 de septiembre. La medida se tomó mientras avanzaban las actuaciones vinculadas a una denuncia por presunto mal desempeño.

El expediente se inició a partir de actuaciones relacionadas con una licencia por violencia de género concedida a una agente judicial y posteriores actuaciones disciplinarias contra Dalto. Durante la investigación se reunieron pruebas y se realizaron distintas actuaciones dentro del sumario administrativo.

En ese contexto, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, presentó una denuncia contra el magistrado ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. De acuerdo con lo señalado en la resolución de la Suprema Corte, el Procurador consideró que las conductas atribuidas a Dalto podían configurar causales de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

La denuncia sostiene que el magistrado habría generado un clima de “tensión y nerviosismo permanente” dentro de la Sala I y le atribuye presuntas conductas de maltrato hacia agentes, funcionarios y otros magistrados, en su mayoría mujeres. Según la presentación, estas situaciones habrían provocado un deterioro del ambiente laboral.

La acusación también hizo referencia a situaciones que habrían derivado en traslados, renuncias, tratamientos médicos y una distribución desigual de la carga laboral, circunstancias que, según el planteo, habrían afectado el funcionamiento del órgano jurisdiccional.

El Procurador General había solicitado además el apartamiento preventivo del magistrado: entre los argumentos se planteó la necesidad de evitar que Dalto mantuviera contacto directo con agentes y funcionarios que continúan trabajando en la dependencia y que habrían declarado durante las actuaciones, ante la posibilidad de eventuales represalias o situaciones de amedrentamiento vinculadas con el proceso.