La disputa judicial y política en torno a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil sumó una nueva presentación en los tribunales. La organización no gubernamental Usina de Justicia, conducida por la abogada Diana Cohen Agrest, formuló una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tras su decisión de paralizar por un plazo de 60 días la vigencia de la Ley 27.801 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El escrito acusatorio sostiene que la magistrada habría incurrido en los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. Desde la entidad argumentan que la jueza excedió sus atribuciones constitucionales al decretar la suspensión generalizada de una norma de alcance federal en el marco de un proceso judicial individual, lo que —según la presentación— constituye una intromisión indebida en las facultades exclusivas de los demás poderes del Estado.

La controversia escaló apenas 48 horas después de la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio a nivel nacional. La jueza Pascual había dado lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, ordenando la suspensión cautelar de la ley. Para fundamentar el freno temporal, la magistrada diagnosticó una severa precariedad en el sistema de contención bonaerense, advirtiendo sobre la carencia de condiciones edilicias, materiales y profesionales mínimas para absorber un inminente flujo de adolescentes privados de la libertad.

El punto central del fallo radicaba en el impacto operativo que acarreará el régimen, que dispone la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años frente a la comisión de delitos tipificados. Según la interpretación de la jueza, la inclusión del franja etaria de 14 y 15 años provocaría una sobreocupación crítica en los dispositivos de alojamiento provinciales.

A pesar del impacto de la medida, la resolución dictada por la jueza de Lomas de Zamora no determinó la inconstitucionalidad de fondo del texto normativo, sino que fijó un paréntesis de dos meses. En ese lapso, la magistrada intimó a las autoridades del Ejecutivo provincial a comparecer y certificar los planes de adecuación e infraestructura previstos para adaptar la red de contención a las exigencias del nuevo marco legal.