La Justicia Federal dio un paso clave en el expediente por el denominado "Vacunatorio VIP". La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a prestar declaración indagatoria a más de treinta beneficiarios que recibieron dosis de la vacuna Sputnik V por fuera de los esquemas prioritarios fijados por el Ministerio de Salud durante la pandemia de COVID-19. La serie de audiencias dará inicio el 2 de octubre y se extenderá formalmente hasta el 9 de diciembre.

Entre las figuras alcanzadas por el llamado judicial figuran el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, el empresario Florencio Aldrey, los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, además de familiares y allegados a dirigentes políticos de primer orden. Según la formulación realizada por el dictamen fiscal, a los convocados se los considera provisoriamente partícipes necesarios del delito de peculado por haber aceptado el beneficio de las dosis reservadas.

El avance procesal encuentra su origen en la denuncia presentada el 19 de febrero de 2021 por Yamil Santoro, director de la Fundación Apolo, inmediatamente después de estallar el escándalo. Aquella presentación inicial se dirigió contra el entonces ministro de Salud, Ginés González García, por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Con el transcurso de las actuaciones, la entidad amplió la denuncia en reiteradas oportunidades:

• Inclusión de beneficiarios: Se incorporó a los integrantes del listado de inoculaciones irregulares publicado por el propio Ministerio, entre los que destacaban los Duhalde y el sindicalista Hugo Moyano.

• Ampliación a autoridades: La presentación se extendió a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de ese período, alcanzando al expresidente Alberto Fernández, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la exministra de Salud Carla Vizzotti.

El expediente, radicado desde el inicio en el juzgado de Capuchetti, ya cuenta con un tramo elevado a juicio oral que juzga la responsabilidad de los funcionarios organizadores. En esa instancia se encuentran imputados por abuso de autoridad y peculado los exfuncionarios Marcelo Ariel Guille, Alejandro Salvador Costa y Alejandro Alberto Maceira.

Desde el equipo legal de Fundación Apolo, su responsable Nicolás Silvera destacó el fallo al señalar que la causa no debía agotarse en quienes articularon la logística, sino extenderse sobre aquellos que utilizaron influencias para esquivar los turnos sanitarios en un contexto de escasez de vacunas. "La igualdad ante la ley debe aplicarse cuando se investigan los privilegios de quienes tuvieron acceso al poder", expresaron desde la organización tras calificar el llamado a indagatoria como un avance significativo aunque tardío.